Héctor Vanegas Fernández penalista en diálogo con KCH FM Radio y KCH TV manifestó que el Código Orgánico Integral Penal que fue expedido en el 2014 ha sufrido muchas modificaciones en sus artículos en los últimos 10 años , es decir un código que ha sido totalmente manipulado y todas estas reformas han pretendido reducir el índice delictivo.
Vanegas mencionó que este objetivo no se ha podido cumplir hablando de las reformas al COIP tanto es así que la Asamblea Nacional sigue poniendo en la mesa más reformas cada vez enfocadas en el incremento de las penas con una intención de reducir este índice delictivo.
Lo que sucede es que el análisis que realizan es incorrecto porque esto en doctrina se denomina la prevención general negativa es decir que pretender aumentar las penas esto va a generar una situación psicológica en el delincuente y por ende va a abstenerse de cometer crímenes, pero esto tanto en la doctrina como en la práctica se ha demostrado que es totalmente falso .más bien las reformas deben estar enfocadas a una política criminal preventiva que evite la consumación de los hechos delictivos y más no que los sancione .
Vanegas Fernández destacó que el Derecho Penal es un mecanismo de protección de bienes jurídicos , de represión y sanción ante la puesta en peligro o delitos ocasionados contra los bienes jurídicos , entonces es un mecanismo leal para sancionar , pero lo que vemos hoy en día que los delitos son más altos o el índice delictivo es cada vez más alto, es casi imposible vivir en el país, porque estamos en el riesgo continuo de que nuestra integridad se vea comprometida .
El gran paradigma que debemos cambiar es hacia la reducción los fenómenos delictivos y recobrar el tejido social, mediante una política pública integral y que las personas no caiga en las manos de la delincuencia organizada así lo han hecho grandes ciudades como Suiza, Finlandia, Dinamarca con menor tasa de criminalidad apuestan por recobrar el tejido social.
Sobre el análisis que se realiza está dirigido a un populismo jurídico penal que pretende tener un rédito político a través de la vanalización de la política criminal que finalmente es un engaño que se hace al colectivo cuando se dice que el aumento de las penas va a solucionar el problema .
Sobre la Ley de Extinción de Dominio mencionó que ya existía desde antes de la Consulta Popular y que el gran colectivo no debe decidir cuales deberían ser las soluciones a los delitos cuando esto responde a una decisión técnica , pero surge otros inconvenientes como por ejemplo la falta de recursos en el sistema de justicia y la criminalización de todos los espacios de convivencia social que tendrá que ser resuelto por el sistema penal.
LV
