El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó la mañana de este martes que Adolfo M., alias Fito fue sacado de La Roca y trasladado nuevamente a la Regional.
Ese traslado se realizó tras la decisión del juez Diego Poma que acogió la solicitud de alias Fito, y ordenó su regreso a la cárcel Regional.
El cabecilla de los Choneros estaba en La Roca desde el 12 de agosto, cuando el Gobierno en un despliegue militar y policial decidió sacarlo de la Regional, donde había permanecido los últimos años.
Allí se decía que este recluso tenía privilegios y vivía en una celda que parecía una suite.
A través de sus abogados, alias Fito presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo trasladen a otra prisión por cuestiones de seguridad.
El ministro Cucalón recordó que fue el Gobierno el que trasladó a este reo de la Regional a La Roca.
“El reo de alta peligrosidad que el Gobierno, con el apoyo de las FF. AA., la Policía y el SNAI, lo trasladó a La Roca y que ahora por decisión de un juez, en lo que se denomina la degeneración de las garantías jurisdiccionales, dispuso que él retorne a la Regional, esa orden ha sido cumplida. Ya se lo ha trasladado”, dijo Cucalón en Ecuavisa.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) núcleo de Guayas informó que el SNAI no presentó informe policial, técnico, de inteligencia o documento alguno que determine la peligrosidad del sentenciado y justifique su traslado por motivo de seguridad.
Además, según este gremio, el SNAI indicó que el sentenciado no reporta sanciones disciplinarias y registra buena conducta.
Sobre esta tesis de ese gremio, Cucalón dijo que en la audiencia, el SNAI justificó y motivó el tema de la seguridad en general del traslado a La Roca.
“Logra motivar y justificar en la audiencia, si el juez no haga caso o no crea…, lo importante es que el Gobierno tomó la decisión del traslado (a La Roca)”, mencionó Cucalón.
En la resolución del juez que dispone el traslado de Fito a la Regional se prohibió el retorno del privado de libertad a su antigua celda y que se resuelva asignar una celda según disponga la máxima autoridad del centro de rehabilitación, conforme a toda la población carcelaria, sin privilegio alguno.
Además, el juez dispuso que se garantice el acceso a los medicamentos, y el seguimiento de los profesionales de la salud del Ministerio de Salud Pública. Y también se garantizará al privado de libertad la continuación de sus estudios en la universidad que los cursa.
“Se conceda acceso al equipo de salud de Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, para que ingrese al Centro de Rehabilitación Social y remita los informes al suscrito juzgador”, indica la resolución del juez. (I)
Fuente: El Universo
