Daniel Noboa presiona para que nuevo decreto de estado de excepción no sea objetado por la Corte Constitucional

Próximas decisiones de la Corte Constitucional sobre un nuevo estado de excepción, las demandas de inconstitucionalidad del IVA y el ITT generan tensiones entre el gobierno y la justicia.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa se prepara para enviar una nueva versión de estado de excepción a la Corte Constitucional (CC) para que revise su constitucionalidad y el respeto a las leyes.

El último decreto de estado de excepción firmado por el gobierno fue el 275, que entró en vigencia el pasado 22 de mayo y que fue declarado inconstitucional por la CC el pasado 13 de junio.

Distintos voceros del gobierno han manifestado su inconformidad con las últimas decisiones adoptadas por la CC. La semana pasada el secretario de Administración de la PresidenciaArturo Félix Wong criticó a la máxima corte por negar la constitucionalidad de los decretos presidenciales y el ministro de la DefensaGian Carlo Loffredo también hizo críticas a la actuación de la justicia en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

En el seno de la Corte Constitucional existen otros temas que involucran decisiones del presidente Noboa y que deben ser resueltos: las demandas de institucionalidad contra el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el seguimiento a la decisión sobre el ITT y la posible consulta sobre la campaña presidencial.

Lo que para muchos es la previa de un posible enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Constitucional, para los constitucionalistas consultados por LA HORA, no es un conflicto sino parte de la función propia de la instancia, “como único órgano de interpretación constitucional”.

Silencio de la Corte Constitucional es un apoyo al Gobierno

 El abogado y constitucionalista Esteban Ron al conversar con LA HORA indicó que en este momento no existe un conflicto entre el Gobierno y la CC, aunque sí hay temas pendientes que deberán ser resueltos por la máxima instancia de justicia.

Para Ron, la falta de respuestas de la CC en temas como el IVA son una forma de permitir que el gobierno avance en sus objetivos.

“No es un conflicto, la CC lo que está haciendo es demorando el análisis de constitucionalidad en el IVA y en el tema de los estados de excepción, siempre se va a generar una tensión más que conflicto entre el Ejecutivo y la CC, pero esto no es algo nuevo”, puntualizó.

El constitucionalista recordó que la CC en el caso de los estados de excepción tiene una extensa historia de pronunciamientos y “ha dicho que otorga la constitucionalidad de los estados de excepción, siempre que el gobierno central, en uso de sus competencias, realice la formulación de la política pública para erradicar el problema estructural”.

Para Ron estas han sido las fallas presentadas por los estados de excepción de Noboa, pues no han sido acompañados con una política que dé respuesta al problema estructural del narcotráfico y el crimen organizado.

Desde su punto de vista, Noboa al igual que el expresidente Guillermo Lasso, no han entendido que no se puede vivir en un “permanente estado de excepción”.

Recordó además que, en el caso de Noboa, gracias a la Consulta Popular las Fuerzas Armadas de Ecuador pueden movilizarse en el territorio nacional para el combate de los grupos delictivos, por lo que ya no es necesario el estado de excepción.

Corte Constitucional ha cometido errores en los estados de excepción

Pablo Guerrero Martínez, abogado y constitucionalista indicó a LA HORA que los magistrados de la Corte Constitucional, en el tema de los últimos estados de excepción han cometido errores graves que afectan la capacidad de proteger y recuperar la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos.

Guerrero precisó que en materia de “la seguridad interna de la sociedad ecuatoriana y del Estado, la CC comete crasos errores”.

La instancia debe tener presente que la constitución establece el derecho a la defensa de la vida, la seguridad y la libertad, “la fuerza pública tiene como propósito defender la estabilidad, la paz, la seguridad”, por lo que criticó duramente las decisiones de los miembros de la CC, “no sé en qué mundo viven los miembros de la Corte Constitucional para negar algo que es obvio”.

Planteó además la necesidad de revisar las funciones de la Corte Constitucional, sobre todo en los temas de seguridad nacional.

“La Corte Constitucional debería, en un nuevo esquema constitucional, ser replanteada porque en lugar de constituirse como un elemento dinamizador del Ecuador, se convierte en un cenáculo que interpreta una constitución hipertrofiada”, sentenció.

Guerrero Martínez sostuvo su propuesta de avanzar en una modificación constitucional. “Siempre he mantenido que la Corte Constitucional y la Constitución de Montecristi deben ser objeto de una derogatoria e ir a una constitución nueva y las cosas que se hacen en derecho se deshacen como se hacen”.

Advirtió además que “Ecuador ya ha hecho una pedagogía y ha sufrido en carne propia lo que es el Socialismo del Siglo XXI y es momento de rehabilitar los principios republicanos”. (ILS)

Estado de excepción dentro de la norma

Los representantes de la Asociación Mundial de JuristasJosé Francisco EstévezElena Fernández Gabriel Fernández Rojas conversaron sobre los alcances del nuevo estado de excepción que prepara el gobierno de Noboa y que fue presentado a la organización para hacer una evaluación previa a su presentación ante la Corte Constitucional.

Durante una conversación con el diario LA HORA, los representantes de la Asociación Mundial de Juristas señalaron que tuvieron la oportunidad de revisar el nuevo texto,

“hemos tenido la oportunidad de conocer el borrador de lo que previsiblemente sea el siguiente decreto de estado de excepción y en esa comparativa hemos visto la perfecta compatibilidad entre el decreto y la normativa vigente”, advirtieron.

Advierten que la normativa se adapta, no solamente a las exigencias constitucionales, sino también a los pronunciamientos previos de la CC.

Precisaron que el estado de excepción, “no se trata de un poder absoluto, son decretos de intervención necesaria, para proteger a todos los ciudadanos ante los ataques de los grupos de la delincuencia organizada”.

 

Fuente: La Hora

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