El accionante pide se aplique una pena privativa de libertad de seis meses a dos años, al pago de daños y perjuicios por $1 millón y pida disculpas públicas
La asambleísta de Tungurahua por el movimiento Construye, Ana Galarza Añazco, fue denunciada por un presunto delito de calumnia ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
La querella fue presentada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Maldonado, quien acusa a la legisladora del supuesto delito de calumnia tipificado en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por hacer falsas imputaciones en su contra, por lo que solicita la aplicación de la pena correspondiente y al pago de daños y perjuicios por $1 millón.
Torres describe que como juez electoral conoció una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en contra del movimiento Construye, lista 25, en el que milita Galarza.
Apegado a derecho, narra, que mediante sentencia se determinó que el representante legal del movimiento, Iván González, incurrió en una infracción relativa al financiamiento de la política y gasto electoral y se impuso una multa de 35 salarios básicos unificados y a la organización política se impuso una sanción de cancelación del registro de organizaciones políticas.
Tras esa decisión, según el escrito presentado por el juez Torres, la legisladora Ana Galarza se dedicó a desprestigiarlo y a mancillar su honor, con el fin de afectar su buen nombre, así como su desarrollo personal y profesional, vulnerando su dignidad en medios de comunicación digitales, lo cuales fueron replicados en varias redes sociales y merecieron comentarios mal intencionados.
El acusador sostiene que el 24 de abril de 2024, la querellada dio una rueda de prensa en las afueras de la Asamblea Nacional, lo cual fue grabada y difundida por medios de comunicación, donde textualmente señaló: “ADN le nombra al yerno director provincial de ADN, al yerno del juez Ángel Torres, todas las hijas están trabajando en el CNE, tienen cargos públicos. En este momento ha sido muy beneficiado el juez Ángel Torres, gracias al gobierno del presidente Daniel Noboa y el tráfico de influencias a cambio de que eliminen a la lista Construye, que hemos sido la única que hemos evidenciado el pacto del gobierno con el correísmo…” En las declaraciones, la legisladora afirmó que “hasta los Estados Unidos sabe los fallos tan arbitrarios, el enriquecimiento ilícito del juez, y por eso le quitó la visa”.
Al día siguiente, agrega la denuncia, la querellada en una entrevista en vivo en el programa digital VisionariasEc, con la periodista Janet Hinostroza, señaló que “…la primera instancia en el TCE, de este juez, muy cuestionado, a tal punto que de Ángel tiene solamente el nombre, porque este sujeto hasta Estados Unidos le ha quitado la visa. A ver, el presidente Daniel Noboa, le pidió a este señor que nos quite del registro electoral, a cambio de eso, en un tema de presunto tráfico de influencias, al yerno del juez le nombran director de ADN en Loja, él ahora es el director de ADN en Loja…, además, también logró nombramientos de todas las hijas del juez en espacios del Estado. Vemos el caso Metástasis…”.
Según la denuncia presentada, las expresiones señaladas por Galarza, demuestran el evidente deseo de calumniar, y según el accionante, la querellada lo indilga de tráfico de influencias a cambio de un fallo, detallando que su resolución como juez electoral en contra del movimiento Construye, es a cambio de cargos a favor de sus familiares, hecho “que es una falacia, lo que evidencia una calumnia”.
Por otro lado, dice la denuncia, que la querellada lo acusa de cometer el delito de enriquecimiento ilícito y que por eso el gobierno de los Estados Unidos le quitó la visa, lo que se traduce en que la asambleísta Ana Galarza, mancilló su honor frente a varios televidentes, y que no solo lo imputó de cometer delitos, sino que además indicó y detalló como presuntamente los realizó, lo cual se demostrará con la prueba que será practicada en la audiencia respectiva.
En el escrito, el juez Ángel Torres, señala que la libertad de opinión no faculta a una asambleísta para imputar el cometimiento de un delito a una persona, en este caso existió el ánimo de calumniar.
Que si bien el artículo 128 de la Constitución establece que los asambleístas gozarán fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones; se debe tomar en cuenta, que “las expresiones calumniosas expresadas en mi contra por parte de la asambleísta Ana Galarza Añazco, no se realizaron como parte de una actividad legislativa o fiscalizadora, en el ejercicio de sus funciones de asambleísta, sino que, responden a su interés a título personal como militante del movimiento Construye, lista 25″.
En la querella, el accionante pide que la acusada sea condenada al pago de daños y perjuicios que ha ocasionado, y cuantifica en $1 millón; además, solicita que imponga la pena contemplada en el artículo 182 del COIP esto es se aplique una pena privativa de libertad de seis meses a dos años, así como la garantía de no repetición de las calumnias y que le pida disculpas de manera pública.
Además solicita al juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia se oficie al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para que el pleno de la Asamblea conceda la autorización previa para proceder a enjuiciamiento penal de la asambleísta, Ana Mercedes Galarza. (I)
Fuente: El Universo
