En el concurso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública aún no se trata un informe jurídico que daría sugerencias sobre el proceso.
La extinta comisión ciudadana solicita a una jueza que declare el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por parte de cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por no haber designado al titular de la Defensoría Pública como se ordenó en un fallo.
En el Consejo de Participación Ciudadana se mantiene la incertidumbre respecto del concurso público para la elección de un defensor público, sobre el que se cumplieron los plazos, sin que se haya resuelto su designación.
La comisión ciudadana, que se encargó de desarrollo del concurso de méritos, oposición e impugnación, suscribió el 11 de junio de 2024 su informe final de calificaciones de cuatro postulantes que quedaron en el proceso, para desempeñar la titularidad de la Defensoría Pública.
El Consejo rechazó la actuación de los comisionados, que decidieron restituir la postulación del candidato, Jorge Ballesteros Ballesteros, pese a que con cuatro de siete votos de los consejeros se lo descalificó por falta de probidad, al observarse que uno de sus documentos, aparentemente, tenía una firma irregular.
La ley del CPCCS establece que una vez que la comisión emite su informe el contenido tiene el carácter de vinculante, por lo que los consejeros no tienen permitido modificar sus resultados.
El miércoles anterior, cuatro consejeros de mayoría: Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto y Juan Guarderas, aprobaron una resolución que disponía al departamento jurídico que, en 48 horas, elabore un criterio con alternativas.
Hasta este lunes, se desconoce sobre dicho informe y tampoco se ha convocado a una plenaria.
La comisión ciudadana culminó su trabajo el 11 de junio, por lo que sus miembros no estarían en funciones, pero en contraposición pidieron que se declare el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima.
La solicitud se extendió a la jueza de primera instancia de Quevedo (Los Ríos), Jenny Freire Arias, quien tramitó una acción de protección en el 2023 y ordenó que el concurso público avance sin que terceros interesados lo obstaculicen.
El 18 de junio, la magistrada dio un término de 48 horas a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que designe a la autoridad o se les aplicaría una multa diaria, mientras se mantenga el incumplimiento.
Fue una de las excomisionadas, Gabriela Cadena, quien ingresó un escrito para que se declare el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente de Andrés Fantoni Baldeón, Mishelle Calvache Fernández, Juan Guarderas Cisneros y Johanna Verdezoto del Salto.
El organismo solicitó un plazo adicional para dar cumplimiento a la medida, sobre el que la jueza aún no se pronuncia.
Otro recurso judicial está en trámite en un juzgado de Quito. La expostulante Inés Romero Estévez interpuso una acción de protección por su descalificación del concurso, resuelta por el bloque de mayoría de consejeros.
La audiencia pública se convocó para el 20 de junio último, pero se difirió para el 28 de junio. (I)
Fuente: El Universo
