El informe de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que concluyó que el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio no fue un crimen político provocó indignación en su familia.
Ahora la atención se centra en la esperada audiencia de juicio contra los presuntos autores materiales de su asesinato, el próximo 25 de junio, y dos investigaciones previas: una relacionada con los autores intelectuales de la muerte del político y otra que tiene que ver con la cápsula de seguridad que mantenía el candidato presidencial.
Amanda Villavicencio, hija del exlegislador, calificó como “narrativas mediocres” y “ridículo” el informe, y tachó de “calienta puestos que se venden al mejor postor de cualquier forma” a los miembros de la comisión.
También Verónica Sarauz, la viuda del político, cuestionó el documento y subrayó que “es muy grave” que el documento señale que Villavicencio fue asesinado por la delincuencia común.
La mesa legislativa que investigó el asesinato del candidato presidencial no aprobó el informe elaborado por la presidenta Viviana Zambrano (Construye), que concluía que el magnicidio fue un crimen político y no mencionaba al exjefe de Estado Guillermo Lasso como responsable.
El texto obtuvo seis votos en contra y uno a favor. La mayoría de los asambleístas dijo que el borrador tenía carencias y errores de fondo y forma.
El documento que sí fue aprobado por la mayoría (con seis votos afirmativos y uno negativo) fue propuesto por el asambleísta del oficialismo Adrián Castro (ADN), vicepresidente de la comisión. En su contenido están los señalamientos hacia Lasso.
Según las conclusiones del informe validado, Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública; aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.
“Deja mucho que desear el trabajo de esta gente, no son personas aptas para el trabajo y eso se nota con mucha claridad. Son calienta puestos, se venden al mejor postor de cualquier forma, no tienen ninguna responsabilidad ni con la democracia, mucho peor con la familia de Fernando Villavicencio. Tanto en las omisiones, tanto en las inasistencias de los comparecientes, por supuesto que son cómplices de este resultado tan mediocre”, enfatizó Amanda.
Ella contó que llegó a sentirse “un poco tranquila y un poco conforme” con el contenido del primer informe-borrador, ya que le pareció que la conclusión “más importante” era que se trataba de un crimen político el asesinato de su padre.
Destacó, además, que le pareció “contundente” que en ese texto pusieran a Villavicencio en el ojo del huracán por exhibir “a todos los mafiosos y a todos los vínculos del narcotráfico con la política”.
Según su relato, todo iba relativamente bien hasta que le comentaron que existía un informe paralelo al de Viviana Zambrano que lo que dice es que el asesinato de su padre es una consecuencia de la ola de violencia que vivía el Ecuador en ese momento. “Te juro que en ese momento rompí a llorar”, confesó.
Aseguró que no se sintió sorprendida por la votación de Castro (ADN), Hernán Zapata (Construye) y de los asambleístas de la Revolución Ciudadana y Pachakutik. “Pero realmente da asco ver la capacidad de manipulación que existe en esta comisión, usaron la comisión para lavarles la cara a los enemigos políticos de mi papá, y eso es lo que me duele”, expresó.
Amanda comparó el caso de su padre con el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, quien denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008, en el mandato de Rafael Correa Delgado.
En diciembre del 2010, unos sujetos ingresaron a su domicilio en Guayaquil y le dispararon. Murió diez días después en un hospital de esa ciudad.
Mientras tanto, Sarauz dijo que queda “bastante preocupada” de que el asambleísta representante del Gobierno, Adrián Castro, fue el que presentó el informe en el que se indica que el asesinato de Villavicencio es un crimen de delincuencia común.
Sarauz insistió en que fue un crimen político “con autores intelectuales vinculados a la política, porque tenían intereses políticos, porque Fernando representaba una molestia y un peligro de llegar a la Presidencia de la República”.
Para Sarauz, es “muy grave” que en el expediente no quedó plasmado que se trató de un crimen político. El resultado se lo carga al movimiento del Gobierno, ADN.
“Me trae inmediatamente a la mente el caso del general Gabela. “¿Acaso el Gobierno pretende que este tema quede en la impunidad y pretende dejar ahí a los autores intelectuales impunes del delito?”, cuestionó la viuda del político y periodista.
Indignada, expresó que la elaboración del informe representó un derroche de recursos innecesarios y un enorme irrespeto a la memoria de Fernando Villavicencio. Apuntó que son “impresentables los asambleístas” que conformaron la comisión ocasional, porque buena parte de ellos no saben quién era Villavicencio diez años atrás.
Ahora su mirada la fija en la Fiscalía General del Estado para que agilice las investigaciones, asimismo, en la justicia para que el 25 de junio ya se inicie la etapa de enjuiciamiento contra los cinco procesados. “En realidad la que debe hacer el trabajo es la Fiscalía”, auguró.
También rechazó el contenido del expediente María Paulo Romo, líder del movimiento Construye (antes Ruptura de los 25), que auspició la candidatura de Villavicencio, expresando que “es realmente increíble, imposibles de procesar todos estos comportamientos” de seis de los siete miembros de la comisión que votaron a favor del texto presentado por el asambleísta Castro.
“(…) un informe que dice si es que no le hubieran nombrado al general tal, tal vez la Policía estaría mejor, y sin tanta violencia tal vez no le mataban a Villavicencio. Así de grave son las cosas”, reprochó la exministra de Gobierno en la administración de Lenín Moreno.
Este Diario buscó la versión de Viviana Zambrano, la titular de la comisión ocasional, pero no fue posible porque la asambleísta se encontraba en reunión de territorio hasta la noche del viernes. Ya meses atrás, Zambrano exteriorizaba que la falta de comparecencias “vitales y necesarias” a las sesiones de la mesa generaba obstáculos en su trabajo.
Zambrano urgía la comparecencia del expresidente Guillermo Lasso, el excomandante general de la Policía Nacional Fausto Salinas, el director nacional de la Policía Nacional, Mauro Vargas, así como también de los policías que formaban parte de la cápsula de seguridad de Villavicencio: Christian Cevallos, Jorge Trujillo, Luis Cañizares, Johnny Cañizares, Ricardo Ortiz y Stalin Quinto. Sin embargo, ninguno de ellos acudió a la convocatoria, según consta en el informe. (I)
Fuente: El Universo
