La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó parcialmente la apelación que interpuso Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de ciudadano para exigir al Gobierno que transfiera recursos para la Función Judicial.
El proceso inició en abril, cuando Terán presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, con la finalidad de que el Ejecutivo pague a $ 265,6 millones como medida de reparación integral para funcionarios, exservidores judiciales, abogados y usuarios que se han visto afectados por la falta de recursos en la Función Judicial. El monto era equivalente equivalentes al déficit presupuestario del sistema.
La demanda se resolvió el 21 de abril. La jueza que atendió la causa decidió que se vulneró parcialmente el derecho de acceso a la justicia, pero no falló a favor de que el Ejecutivo transfiera el dinero. En su lugar, la magistrada dispuso que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) instalen mesas técnicas para establecer qué proyectos serán priorizados.
Ahora, casi cinco meses después, el 7 de septiembre la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia que aceptó parcialmente la apelación de Wilman Terán, también rechazó apelaciones que impulsaron el Ministerio de Economía y la Defensoría del Pueblo.
Además, la Sala Penal dispuso como medida de reparación integral que la Presidencia de la República, por intermedio del MEF, en un plazo de 15 días consigne a la Judicatura el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y de inversión para 2023.
El Consejo de la Judicatura presentará informas técnicos sobre el presupuesto de la Función Judicial para 2024, los cuales serán considerados por la Presidencia y la Secretaría Nacional de Planificación.
El propósito es que se coordinen acciones para que el presupuesto cumpla con los requerimientos de la Función Judicial. Para ello, se tomará en cuenta los egresos permanentes que sean prioritario para la administración de la justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y la independencia judicial.
Uno de los argumentos del reclamo de Terán ha sido que en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de $ 200 millones, perjudicando el acceso gratuito a la justicia a la ciudadanía. Que esto ha provocado que existan 7.498 procesos judiciales en los cuales las partes no pueden tutelar sus derechos por falta de gestión de la diligencia de citación. (I)
