El presidente Guillermo Lasso envió dos nuevos decretos ley económicos urgentes a la Corte Constitucional (CC) el martes 5 de septiembre. El uno, para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas y el otro, el de Gestión de Riesgos y Desastres, con los cuales se pretende mejorar los mecanismos de administración de los recursos públicos e institucionalizar el sistema de gestión de riesgos y desastres, según el Ejecutivo.
Para analistas, el decreto ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres tiene más probabilidad de recibir el dictamen favorable de la Corte Constitucional, por tener un “impacto inmediato”, mientras que el de Finanzas Públicas, por tratar temas más técnicos y complejos, el organismo podría considerar dejar para que sea debatido en la próxima Asamblea Nacional.
Hasta ahora son siete las propuestas enviadas por el mandatario a la Corte: una ha sido aprobada y tres no, en las otras aún no hay un pronunciamiento.
¿Qué contemplan estos decretos ley?
El decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas plantea “reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que permitirán mejorar que la gestión de las finanzas públicas se realice de forma ordenada y transparente, impulsando el equilibrio y sostenibilidad de las cuentas fiscales”.
Según el documento enviado a la Corte, el decreto surgió “de la necesidad de adaptar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el marco regulatorio requerido para los procesos establecidos para el funcionamiento, administración, seguimiento y control del Sistema Nacional de Finanzas Públicas en aras de que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos, para lo cual se vuelve indispensable actualizar y reformar el ordenamiento jurídico con el fin de reflejar y abordar eficazmente los nuevos desafíos y realidades que enfrentan las finanzas públicas”.
Mientras que el de Gestión de Riesgos y Desastres, “tiene por objeto normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta, mitigación y recuperación ante emergencias y desastres”.
Asimismo, indica que tiene como objetivos fundamentales reducir el riesgo de desastres y encaminar la gestión pública cuando estos se produzcan, inevitablemente, para suprimir o reducir afectaciones y pérdidas, tanto humanas como económicas.
¿Qué futuro podrían tener en la Corte Constitucional?
El editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, cree que el decreto ley sobre finanzas públicas, al ser un decreto que tiene “muchos temas técnicos” y “complejos”, la Corte “probablemente va a decidir no tratarlo” y pedir que se trate con detenimiento en la próxima Asamblea Nacional.
A eso, el analista económico Segundo Camino Mogro agrega que la CC podrá argumentar que este decreto “no cumple el criterio urgente” en el sentido en que cualquier ley que busque la sostenibilidad de las finanzas públicas es una ley a mediano y largo plazo y no es una ley que busque la estabilidad económica en el corto plazo.
“Al no ser una ley que pueda ejecutarse de forma inmediata como fue el caso de la reforma tributaria, que sí era con un efecto inmediato, creería que la CC tiene algo para fundamentar el hecho de que no es urgente y que pudiese esperar que se posicione la nueva Asamblea”, explica.
De acuerdo con Acosta Burneo, con esta ley se busca modificar algunas de las reglas del manejo de las finanzas públicas para liberar esos recursos fiscales para reducir la presión fiscal. Además, para darle más discrecionalidad al Ministerio de Economía y Finanzas para modificar el gasto o los beneficios tributarios; darle más flexibilidad en el endeudamiento; etc.
Con respecto a la Ley de Gestión de Riesgos y Desastres, ambos analistas consideran que sí tendrá mayor posibilidad que el Ejecutivo obtenga una respuesta positiva. “Tiene un poco de cabida para que la Corte Constitucional la pueda aceptar y dar un dictamen favorable, debido a todos los problemas que se van a venir respecto al fenómeno El Niño”, asegura Camino Mogro.
“Creo que es mucho más consistente, entonces hay que ver qué dice la Corte, si es que dice, puede ser esta parte sí, pero esta otra parte no, podría suceder algo así”, agrega Acosta Burneo.
Sin embargo, el editor de Análisis Semanal hace una observación por la cual cree que el organismo tenga reparos en dar un dictamen favorable sobre este decreto. Dice que se incorporan otros temas, en el fondo, son productivos y relacionados a la inversión. Cita como ejemplo la posibilidad de venta de zonas de playa y bahías destinadas a la acuicultura, lo cual califica como importante y positivo, pero “la quieren meter justificando que por la emergencia para recibir recursos”, por lo que habría que ver si ese argumento es aceptado por la Corte Constitucional.
Desde mayo pasado, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada y con lo cual disolvió la Asamblea Nacional, ha enviado en total siete decretos ley. Actualmente tres están a la espera de un dictamen de la CC, además de los dos mencionados, el de la Creación del impuesto redimible a las botellas plásticas PET no retornables.
Tres fueron rechazados: para la Atracción, Fomento de la Inversión para el de Desarrollo Productivo; el de Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas; y el de Reestructuración Empresarial. Solo fue aceptado, el de la reforma tributaria.
De acuerdo con Acosta Burneo, el tema de fondo es la definición que hizo la Corte Constitucional a la urgencia económica. “Cualquier medida que tiene un impacto inmediato, entonces si alguna decisión, algún cambio legal, no tiene impacto inmediato para la Corte Constitucional no es urgente, entonces con esa definición se elimina de las posibilidades a la mayoría de decretos ley que se pueden hacer”, asegura.
Con esta opinión coincide Camino Mogro, quien agrega ejemplos como fue la Ley de Inversiones. “Era una ley enviada que (aunque) la Corte (hubiese emitido) un dictamen favorable eso no significaba que las inversiones iban a llegar al país al siguiente día. La Ley de inversiones tarda muchísimo tiempo. Lo importante aquí es determinar qué es urgente, si efectivamente esta ley puede tener un efecto en el corto plazo o va a tardar algunos meses, más de un año para que tenga un efecto”, enfatiza. (I)
Fuente: El Universo
