La versión de la excomunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Mayra Salazar, la cual fue convocada dentro del caso Purga y duró más de doce horas el jueves 23 de mayo último, generó que la audiencia en la que se iba a tratar la revisión de la prisión preventiva que pesa sobre el exasambleísta Pablo Muentes, procesado en Purga, se difiera y el exlegislador pida que la diligencia se defina lo más pronto posible, pues lleva 81 días detenido.
La comunicadora de 36 años de edad, procesada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis junto con 51 personas más, fue convocada a versionar en Purga, proceso penal que revisa el delito de delincuencia organizada y que arrancó por información encontrada y periciada en el equipo celular de Salazar dentro de Metástasis.
El exlegislador Muentes es uno de los doce procesados en Purga por ser parte de una estructura delictiva que habría infiltrado a jueces de la provincia del Guayas con el fin de obtener fallos judiciales que le convenían a la organización. Para la Fiscalía, Pablo Muentes es el líder de la organización junto con la expresidenta de la Corte del Guayas y exjefa de Salazar, Fabiola Gallardo, y el juez penal del Guayas Johann M.
Debido a que habrían “concurrido hechos nuevos que acreditan situaciones antes no justificados”, la defensa del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) pide al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), audiencia para sustanciar el recurso de revisión a la medida cautelar de prisión preventiva que le hace estar de momento en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil (Guayas).
La audiencia no pudo concretarse, pese a que de forma presencial llegó a la sala de la CNJ el fiscal subrogante Wilson Toainga, mientras que de forma virtual estuvieron el procesado Pablo Muentes y el juez De la Cadena. Diego Chimbo, abogado del exlegislador, llegó minutos después de la hora fijada (16:00) e indicó que se encontraban desde las 08:30 en versión de Mayra Salazar en el caso Purga, diligencia que hasta ese momento no terminaba.
Antes de esto, Muentes, al ser consultado por el juez De la Cadena por la falta de un abogado que lo represente, explicó que, si bien hay otro defensor habilitado para su caso, únicamente Diego Chimbo es el que conoce a la perfección el caso y el recurso que se ha solicitado. El exlegislador recordó que la versión de Salazar recién se definió el martes último y quince minutos antes de la diligencia del jueves pasado se les entregó el link de conexión; es decir, dijo, todo fue imprevisto.
En ese momento, el exasambleísta Muentes aprovechó para apelar a la “sensibilidad” del juez nacional no solo para que se difiera la diligencia, sino también para que se coloque lo más pronto posible una nueva fecha para analizar la revisión de la prisión preventiva. Le comentó a De la Cadena que, pese al pedido de diferimiento hecho por sus abogados y al complicado estado de salud que tiene, el cual le ha hecho bajar 60 libras de peso, él compareció a la diligencia convocada.
“Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, donde los derechos por una parte son vínculos sociales y por otra parte límites al poder jurídico. En este sentido, pues, las garantías del debido proceso establecen el derecho a la defensa y a contar con una persona de absoluta confianza del procesado en este tipo de diligencias. A fin de materializar este derecho, no se va a instalar esta audiencia. Se señalará oportunamente nueva fecha para el desarrollo de la audiencia”, resolvió el magistrado de la Corte Nacional.
Los procesados en el caso Purga fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas, y en la provincia de Pichincha, la madrugada del 4 de marzo último. El 21 de marzo pasado, Pablo Muentes y su primo Fausto A. solicitaron al juez De la Cadena que revise las órdenes de prisión preventiva impuestas, pero los pedidos fueron rechazados.
Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, los jueces Johann M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A. Para el juez Reinaldo C. se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A., esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M., presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.
Con el pedido de revisión, Muentes pretende que se le levante la orden de prisión preventiva, quedar fuera de la cárcel para defenderse en libertad y que se le defina cualquier otra medida alternativa a la privación de la libertad: presentación periódica, prohibición de salida del país o uso de grillete electrónico. (I)
