Para el próximo 3 de junio se ha convocado a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Metástasis y uno de los temas que esperan una resolución judicial son los diez pedidos para acogerse a un procedimiento abreviado que han planteado procesados que buscan una pena reducida a través de reconocer su responsabilidad y participación en el delito de delincuencia organizada investigado.
En la lista de quienes han optado por solicitar este procedimiento especial están los policías Gabriel Genaro G. C., Neycer Lenín M. S., Héctor David P. F., Armando Heriberto R. T. y Ángel Eduardo Lino; los exfuncionarios judiciales Christian Gabriel S. C. y Álex Francisco P. S., exasesor de Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), y Helive A., cercano al narcotraficante Leandro Norero, quien era conocido con el alias Estimado.
El artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el procedimiento abreviado, el cual está definido como un procedimiento especial en nuestro ordenamiento jurídico, deberá sustanciarse de conformidad con reglas como que las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.
La norma refiere además que será el fiscal del caso quien acoja el pedido y plantee la propuesta al juez de la causa, la cual podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Se aclara que la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. El defensor acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales y en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. El tema terminará siendo resuelto en una audiencia en la que, en este caso, será el juez nacional Felipe Córdova quien emita una sentencia basada en lo justificado y acordado con la Fiscalía.
Los 120 días de instrucción fiscal en el caso Metástasis concluyeron el sábado 13 de abril pasado y dos semanas después el juez Córdova dispuso que el 3 de junio próximo, a partir de las 09:00, se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 52 procesados por el delito de delincuencia organizada. En esa diligencia se debatirá sobre posibles nulidades que afecten la validez procesal y se escuchará el dictamen fiscal que mantiene Diana Salazar, la fiscal general del Estado.
En el caso Metástasis la Fiscalía investiga a una “empresa criminal” que estuvo liderada por el narcotraficante Leandro Norero para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada en causas penales en las que estaban siendo procesados alias Patrón, familiares suyos y cercanos a la organización de Norero. Entre los 42 procesados está un exjuez de la Corte Nacional como Wilman Terán, jueces provinciales, jueces penitenciarios, fiscales, peritos, policías, funcionarios judiciales, empresarios como Xavier J. o Daniel Salcedo, supuestos testaferros y abogados en libre ejercicio como Christian R.
Entre quienes plantean acogerse al procedimiento abreviado están al menos tres procesados que han rendido testimonio anticipado en Metástasis. Ellos son Helive A., señalado como hombre de confianza de Norero y quien manejó bienes y asuntos personales del narcotraficante; Álex P., exasesor de Terán en la presidencia del CJ y cuando fue juez en la CNJ; y Héctor David P. F., agente investigador de la Policía de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DILA).
El 15 de diciembre de 2023 arrancó la fase procesal de instrucción fiscal en un caso en el que se investiga hoy en día, luego de dos audiencias de vinculación, a 52 personas que serían parte de una “empresa criminal” que infiltró a la justicia y sus funcionarios para obtener beneficios requeridos por el líder de la organización, Leandro Norero, narcotraficante que fue asesinado el 3 de octubre de 2022. (I)
Fuente.El Universo
