Por un periodo de 60 días, desde el miércoles 22 de mayo rige un estado de excepción focalizado (sin toque de queda) en siete provincias de Ecuador y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, de Azuay, en el marco del conflicto armado interno vigente en el territorio nacional desde el 9 de enero de este 2024 tras la incursión armada de antisociales al canal TC Televisión, en Guayaquil, mientras la programación habitual se transmitía en vivo.
Las siete provincias con el régimen de excepción son: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana, territorios que, según la Policía Nacional, concentran 1.920 muertes violentas, una cifra que representa cerca del 87 % del índice de asesinatos de todo el país.
Y aunque Camilo Ponce Enríquez no es parte de esa estadística, la realidad de violencia que azota a este cantón azuayo, donde hay minería ilegal, es pública. Recientemente, el 17 de abril, José Sánchez, alcalde de esta localidad, fue asesinado a tiros mientras realizaba actividad física en el sector Nueva Ponce.
Por primera vez no se incluye a Esmeraldas en el estado de excepción, pero figuran dos provincias que antes no constaban en este régimen focalizado: Orellana y Sucumbíos.
Considerando el estado de excepción decretado en enero de este año, más la ampliación por 30 días, este sería el tercero decretado por el Gobierno actual.
El presidente de la República, Daniel Noboa, a través de un video difundido en sus redes sociales, sostuvo que ante la ofensiva militar impulsada por el Gobierno las bandas criminales se han “resguardado y atrincherado” en las siete provincias en las que rige el estado de excepción actual.
Y por eso, dijo el mandatario, en el marco de la guerra interna es necesaria la sectorización, como parte de una segunda etapa.
“No vamos a perder lo que hemos ganado, por eso hoy (miércoles) presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su ‘derecho’ a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder”, expresó Noboa.
La ofensiva militar a la que alude el mandatario se intensificó con la declaratoria de conflicto armado interno en enero pasado, según el Decreto Ejecutivo 111 en el que, además, se identificó como grupos terroristas a 22 bandas del crimen organizado transnacional.
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Muchas de estas bandas tienen presencia en las siete provincias con estado de excepción e incluso en otras. De hecho, en enero anterior el portal web de InSight Crime, un medio de comunicación que investiga y analiza el crimen organizado y la corrupción en América Latina y el Caribe, dio cuenta de que 18 de estas bandas operan en 21 de las 24 provincias de Ecuador.
En Guayas, las ciudades más azotadas por la violencia criminal son Guayaquil y Durán, localidades vecinas. En la urbe porteña en lo que va del año se han registrado 575 asesinatos, mientras que en la ciudad ferroviaria van 200.
En Guayaquil operan bandas como Los Choneros, Águilas, Los Lobos, Tiguerones, Latin King, Fatales, Lagartos, entre otras, que se dedican a delitos como el tráfico de drogas, asesinato, secuestros y extorsión. En Durán, en cambio, Latin King y Chone Killer mantienen una constante pugna por el territorio para el microtráfico y otros ilícitos.
Manabí, provincia con un extenso perfil costero, ha experimentado en estos días una serie de asesinatos y masacres. Localidades como Manta y Portoviejo acumulan el 60 % de los crímenes registrados este año en la provincia. En ambas localidades han ocurrido 230 de los 338 asesinatos, de acuerdo con datos de la Policía.
Lobos y Choneros son las bandas más fuertes que mantienen disputas de territorio para el tráfico de drogas. En estos días ha surgido otra banda autodenominada Los Pepes, que se ha atribuido las recientes masacres en Manabí.
De acuerdo con la Policía, esta banda responde a la unión de grupos delictivos debilitados.
Sobre las masacres o asesinatos múltiples, de acuerdo con cifras oficiales, el 13 % de los homicidios intencionales del país (245), de entre el 1 de enero y 19 de mayo, corresponden a esta tipología, una situación que no se daba antes con tanta incidencia y que entre abril y mayo se recrudeció tanto en Guayas como en Manabí.
El lunes 20 de mayo, en el barrio La Pradera, de Manta, cinco personas fueron asesinadas en una cancha de vóley y casi una decena de asistentes resultaron heridos. Las víctimas se encontraban haciendo deporte cuando fueron atacadas por sicarios que llegaron en dos vehículos y empezaron a disparar a todos los que se encontraban en la cancha.
Para el Gobierno nacional, la violencia criminal tiene como único fin asegurar, a través de la fuerza, la consecución de intereses económicos ligados al tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción sistemática de funcionarios e instituciones, saqueo y destrucción del patrimonio nacional, financiamiento ilícito de la política, tráfico de influencias y demás.
En la provincia de Los Ríos los asesinatos son noticia diaria. Babahoyo, la capital, lleva a la fecha un centenar de muertes violentas; Buena Fe, 80; y Quevedo, más de 50 crímenes.
A nivel nacional, el 97 % de los homicidios intencionales corresponden a asesinatos, en el 94 % de los casos predomina la violencia criminal, en el 61 % se verifican amenazas, el 31 % está vinculado con el narcotráfico y en el 90 % media el uso de las armas de fuego.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), cree que la lucha contra la inseguridad no debe tener la declaratoria de estado de excepción como única medida para reducir los homicidios.
“Creería que la Corte Constitucional va a evaluar, porque sin duda hay un nuevo episodio de violencia en Manabí, pero si es que los homicidios se han reducido en Guayaquil creería que al menos la excepcionalidad que requiere la salida de las Fuerzas Armadas a estos territorios no se anclaría o al menos no se justificaría (…) no comprendo bien, si es que mencionaron que se habían reducido los homicidios en aproximadamente un 25 %, que ante la falta de cifras uno no puede poner el ojo, poner más atención sobre la evolución de los homicidios y la veracidad de esta información. Esperar la decisión de la Corte Constitucional, porque puede que se repita lo que hicieron en relación al último estado de excepción”, expresó él.
Fuente: El Universo
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