Pese a que hace más de un mes se definió que el lunes 4 de septiembre de 2023 se reintalaría la audiencia preparatoria de juicio contra diez procesados acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del la diligencia no pudo darse, pues fue declarada fallida al uno de los abogados de los procesados no asistir.
La diligencia se suspendió a finales de julio pasado, luego de que el fiscal de Pichincha, Álex Castillo, pidió a la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, que emita un auto de llamamiento a juicio contra los diez procesados
Durante cinco días, Castillo fundamentó su dictamen acusatorio en calidad de autores contra el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
La Fiscalía también presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox.
Los diez, para la Fiscalía, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Según la acusación, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía.
Hasta el momento de la suspensión, además de la Fiscalía, se escuchó en audiencia a los abogados del Isspol, acusadora particular en esta causa, y a la defensa de la Procuraduría General del Estado. Este lunes debían iniciar su exposición los abogados de los diez llamados a juicio. Ellos deben presentar los argumentos para contradecir la posición de Fiscalía y adelantar la prueba con la que contarían en una eventual audiencia de juzgamiento.
Desde el 10 de julio pasado, la jueza Irene Pérez lleva adelante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en este caso. La diligencia se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió inicialmente la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no había podido ser reinstalada.
Castillo asegura que con los elementos presentados en audiencia la Fiscalía cuenta con una base sólida sobre los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019. El ente acusador sostuvo que en este proceso penal se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito.
Pericias contables, financieras y de flujo son parte de las 121 pruebas documentales que la Fiscalía anunció presentará en una eventual audiencia de juzgamiento. Además en esa etapa Castillo utilizará al menos 70 pruebas testimoniales y periciales.
La reinstalación fue declarada fallida a costa de la defensa técnica del procesado David Proaño, abogado que estaba siendo parte de la acción de protección que planteó Walter Macías, juez nacional que fue destituido por dos votos del pleno del Consejo de la Judicatura. Ante ello, la jueza Irene Pérez convocó para este martes 5 de septiembre para dar continuación a la audiencia preparatoria de juicio. (I)
Fuente: El universo
