El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, anunció que el pleno de ese organismo dio paso a la petición de un grupo de ciudadanos para conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t), al que él denomina “trujillato”, porque estaba presidido por Julio César Trujillo (fallecido en el 2019).
El CPCCS-t fue creado por una reforma constitucional implementada en la consulta popular convocada por el gobierno de Lenín Moreno en el 2018. Dicho organismo se encargó de evaluar y, de ser necesario, remover a las autoridades de control que estaban en funciones en esa época.
Este pedido ciudadano, según Vera, fue negado por el Consejo que estuvo en funciones hasta mayo pasado. “El excoordinador jurídico, de forma ilegal, sin tener competencia, decidió no dar paso a la veeduría, en el propio Consejo se limitó la participación ciudadana”.
El grupo planteó una acción de protección contra esa medida, lo cual fue aceptado. “(En el fallo) se obliga al CPCCS a que conforme esta veeduría”, indicó Vera en su enlace semanal.
El presidente del Consejo señaló que “parte de la debacle institucional que vive el país es producto del trujillato, es decir de la consulta popular del 2018 que se hizo sin dictamen favorable de la Corte Constitucional, con la obsecuencia del Consejo Nacional Electoral, traidores a la patria…”
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En ese sentido, Vera contó que el CPCCS actual es parte procesal de una demanda que entabló Nubia Villacís, quien era la presidenta del CNE que organizó la consulta de Moreno, y que luego fue destituida por el CPCCS transitorio, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). La audiencia de juicio se dio el pasado lunes 28 de agosto en Guayaquil.
Ella pidió que se la restituyera en el cargo y se le pagara una indemnización. En el proceso, según Vera, los defensores de Villacís dijeron que la consulta “carece de dictamen de constitucionalidad”. “Aceptaron que esa consulta es ilegal, una aberración jurídica”.
El funcionario aclaró que, pese a estar de acuerdo con la ilegalidad de la consulta, no aceptarán que se les pague ninguna indemnización a la exvocal del CNE. “Es inconcebible que esta funcionario corrupta primero da paso a esta consulta popular, a la cual sí se podía negar, y cuando la traicionan y la botan, ahora resulta que demanda para que la indemnicen”.
Vera dijo que espera “que la justicia sea consecuente, que se reconozca que el trujillato acabó con la institucionalidad del país y que no se beneficie a una funcionaria corrupta”.
Sobre la pugna de la Función Judicial
En tanto, Alembert Vera conminó a las autoridades de la Fiscalía General, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, que por estos días mantienen un pugna entre sí, a que “se dediquen a trabajar”.
La Fiscalía inició una investigación por presunto obstrucción de la justicia contra los vocales de la Judicatura que destituyeron hace unos días al juez Walter Macías en una votación que ha sido considerada como ilegal, lo que a su vez generó que la Corte Nacional le quitara respaldo al presidente de ese mismo organismo, Wilmer Terán, que es su delegado.
En su enlace, Vera dijo que exhortaba a la Fiscalía “a que se dedique a perseguir y mantener la tutela penal de los delincuentes; a los jueces, “que se dediquen a sentenciarlos”; y a la Judicatura, “que se dedique a sancionar a los jueces corruptos cuando no cumplen sus funciones”. “Esa es la amonía que debe existir en la justicia, no estas pugnas que nos tienen hartos a los ecuatorianos”.
Agregó que no tomará partido por ninguna de estas instituciones, pero que la figura de “quitar la confianza” que alegó la Corte Nacional para desconocer al presidente de la Judicatura no existe en el ordenamiento legal ecuatoriano. (I)
Fuente: El Universo
