La fiscalía de Perú conminó a la presidenta Dina Boluarte a exhibir relojes Rolex en su posesión, y ella pidió hacer su declaración ante la autoridad a la brevedad, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Se ha citado formalmente a la presidenta de la República, para que exhiba los relojes Rolex y preste la declaración el viernes 5 de abril”, dijo el Ministerio Público en un comunicado difundido este domingo en la prensa.
Además, señaló que en las diligencias, en la madrugada del sábado en la vivienda particular y en Palacio de Gobierno, no se encontraron los objetos de valor ni la mandataria hizo entrega de los mismos.
Aunque -complementó- “se obtuvo otros elementos de interés para la investigación”. Medios locales señalaron que se hallaron documentos de cuándo habría sido obtenido uno de los relojes.
La fiscalía realiza una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito, debido a que Boluarte no habría declarado su posesión dentro de sus bienes. Las indagaciones comenzaron el pasado 18 de marzo.
“De forma inmediata”
Tras el comunicado de la Fiscalía, la mandataria envió una nota para pedir que se le tome declaración indagatoria “de forma inmediata, a fin de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación”.
Argumentó, en la misma nota difundida por la oficina del abogado Mateo Castañeda, que lo hace ante “la turbulencia política que se viene produciendo”.
No confirmó si llevará o presentará los relojes Rolex, objeto de la investigación.
Los relojes
La defensa de la mandataria había manifestado el sábado que los policías encontraron unos relojes durante los operativos en Palacio de Gobierno.
El abogado Castañeda indicó a la prensa que “eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex”.
La mandataria Boluarte afirmó el sábado que la acción de la fiscalía “es arbitraria, desproporcional y abusiva”.
De 61 años y en la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte manifestó que es atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, “es un ataque a la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”.
Los allanamientos del sábado fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del fiscal de la nación.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
El sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda, entre ellos la del partido al que perteneció Boluarte, presentaron una “moción de vacancia” contra la presidenta ante las directivas del parlamento.
Pero para que sea llevado a debate debe antes ser aprobado por medio centenar de legisladores la semana entrante.
En el tiempo que lleva en el poder, la izquierda parlamentaria presentó dos mociones exigiendo la destitución de Boluarte. Ninguna fue admitida a debate por la mayoría derechista del Congreso.
Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto. (I)
