A la espera de que jueces emitan una resolución judicial es como terminan en 2022 los casos por delincuencia organizada Las Torres y por cohecho China CAMC, procesos penales que, a más de compartir como eje de investigación el supuesto desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado (CGE) a cambio de beneficios económicos, también comparten investigados, como el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y el empresario Pedro Saona.

Más de dos meses llevan las cuatro personas naturales y una jurídica acusadas del delito de cohecho esperando conocer la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera respecto a si existen o no de vicios de nulidad que afecten lo actuado dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal por el aparente desvanecimiento ocurrido en la CGE de una glosa por $ 22,6 millones que mantenía la empresa China CAMC a cambio del pago de $ 1,3 millones.

De esta decisión depende si la causa avanza a la siguiente fase de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio o si, de lo contrario, debe retrotraerse a algún punto específico por la nulidad definida.

Además de esa decisión, los hermanos Celi, el empresario Saona, la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda. y el exrepresentante en Ecuador de esta última, Liang Yang, esperan que se defina una nueva fecha para que se recepte el testimonio anticipado de Pedro Saona, quien es parte del programa de testigos protegidos de Fiscalía y fue solicitado directamente por la fiscal general Diana Salazar.

Según la acusación oficial, el cohecho de China CAMC se dio en la Contraloría General entre los años 2018 y 2020, cuando Pablo Celi, al ser contralor subrogante, supuestamente desvaneció una glosa por $ 22′645.008,32 a favor de la empresa china mediante una resolución del 26 de abril de 2019. El desvanecimiento se habría realizado como contrapartida al pago de $ 1′335.935 efectuado por China CAMC, contando con la facilitación de Esteban Celi y Pedro Saona.

Marcelo Ron, abogado del excontralor, cree que se trata de los mismos hechos lo que está siendo analizado en los casos China CAMC y Las Torres. Por ello, sostiene que, si el juez Rivera actúa en derecho, debería no solo dar paso a las nulidades planteadas, sino también ordenar que se acumule esta causa a la de Las Torres, pues se estarían tratando los mismo hechos.

Desde la noche del 8 de diciembre último, el juez Walter Macías y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, todos de la CNJ, ingresaron en fase de deliberación en el caso Las Torres. Lo hicieron luego de escuchar en 44 días de audiencia de juicio las pruebas presentadas por la Fiscalía, Procuraduría, Petroecuador y las defensas de las once personas acusadas de delincuencia organizada.

La Fiscalía asegura que en esta causa existió un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la CGE, la secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para bajo el mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que debía pagar la estatal petrolera a la empresa Nolimit C. A.

En su alegato de cierre, la fiscal Salazar pidió al tribunal que condene al excontralor Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, a quienes definió como líderes de la organización criminal, a la pena máxima del delito de delincuencia organizada, más agravantes, es decir, 13 años y 4 meses de cárcel.

La acusación fiscal incluyó el pedido a la sala para que Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, hermano de José Agusto Briones, sean sancionados con una pena de siete años de prisión al haber cometido acciones de colaboración. Pedro Saona también es visto como un colaborador de la estructura, pero no fue juzgado, pues llegó extraditado a Ecuador después de iniciada la fase de juzgamiento.

Para Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, ambos exfuncionarios de Petroecuador, Salazar solicitó la pena de nueve años de prisión; mientras que para la procesada Martha Barrezueta, al haberse acogido a la figura de cooperación eficaz, la Fiscalía pidió que se le imponga una pena reducida en un 90 %, es decir, una condena de seis meses de privación de la libertad.

“Este es un hito en la historia de nuestro país, porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones, y me refiero al ex contralor general del Estado (Pablo Celi). Nadie está sobre la ley”, indicó Salazar, quien sostiene que, una vez culminada la evacuación probatoria, “no ha quedado duda alguna de la supremacía que ha tenido el interés privado sobre el servicio público, con el único fin de beneficiarse económicamente arrastrando a las instituciones del Estado (…) a la más intolerable corrupción y delincuencia”.

El excontralor Celi aseguró que contra él se ha dado un montaje, y calificó a la fiscal Salazar de una “farsante” que hizo un “uso corrupto del caso para perseguir por sus intereses políticos”. Pidió al tribunal que actúe en derecho, en apego a la verdad procesal, para que se lo declare inocente y víctima de una “confabulación penal” que, adelantó, denunciará en instancias nacionales e internacionales.

Los sujetos procesales esperan que en los primeros días del 2023 ya se convoque a las audiencias respectivas para conocer el pronunciamiento de los jueces respecto al juzgamiento del caso La Torres y la preparatoria de juicio en la causa China CAMC. En ninguno de los casos existen personas con orden de prisión preventiva. Pablo Celi mantiene arresto domiciliario por ser adulto mayor, es decir, por tener más de 65 años. (I)

Fuente: El Universo