No pasó ni un día desde que la Asamblea Nacional, por voto de mayoría, observó el contenido del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, y el presidente Daniel Noboa ya se pronunció ratificándose en la proforma que presentó el 20 de febrero, la cual asciende a un total de $ 35.536,04 millones.
El pleno votó la noche del jueves 21 de marzo. La respuesta del Ejecutivo llegó la tarde del viernes 22, mediante un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Henry Kronfle. “Cumplo con remitir, a través de digno intermedio a la Asamblea Nacional, la ratificación de la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2024 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual del Estado 2024-2027″, dice el oficio firmado por Noboa.
Diez días tenía el presidente de la República para pronunciarse luego de la decisión de la Asamblea, de acuerdo con el artículo 295 de la Constitución.
El texto remitido a Henry Kronfle indica que la Asamblea Nacional “no ha emitido observaciones por sectores de ingresos y gastos”, según lo señala el artículo 295 de la Constitución. “El documento enviado (por la Asamblea) únicamente presenta conclusiones de carácter técnico, las mismas que son atendidas en el anexo 1; y, las recomendaciones hacen relación a propuestas hacia la mejora del manejo fiscal”, apuntó Noboa, al tiempo de recomendar al pleno acoger la posición del Ejecutivo.
Las observaciones aprobadas por el pleno surgieron de una moción presentada por el asambleísta socialcristiano Jorge Álvarez, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico. Esto fue aceptado por la mayoría de legisladores que no aprobaron la moción de la asambleísta del oficialismo Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión de Régimen Económico, quien planteó aprobar el PGE acogiendo las conclusiones y recomendaciones del informe no vinculante, que no fue aprobado en la mesa legislativa.
La moción de Álvarez recoge varias observaciones. Por ejemplo, señala que la proforma parte de “supuestos macroeconómicos subestimados” que no están contemplados dentro de la proyección de crecimiento del 0,8 % del PIB, como los atrasos que tiene el Gobierno central, la crisis de inseguridad, fenómenos naturales, decrecimiento en la producción petrolera y decrecimiento de los ingresos tributarios.
También se anotan disminuciones en las asignaciones presupuestarias para los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), para el sector de la salud, universidades, educación, Policía Nacional y en el Plan Anual de Inversiones (PAI), entre otros temas.
Al respecto, entre las respuestas que dio Daniel Noboa, en el anexo 1, fue que el desarrollo de las elecciones anticipadas en 2023, a raíz de la muerte cruzada, conllevó a una “gestión atípica del presupuesto que implica una anticipación del ciclo de programación y formulación del Presupuesto General del Estado 2024″.
Por otro lado, el mandatario afirmó que en la proforma 2024 hay un incremento del 4,59 % para el gabinete sectorial de seguridad, que incluye recursos para enfrentar el conflicto armado interno.
La Constitución, en su artículo 295, dispone que la Asamblea Nacional tiene diez días para decidir sobre el pronunciamiento del Ejecutivo. En ese caso, el Parlamento podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviada en segunda instancia por la Función Ejecutiva. (I)
