El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), rechazó este lunes “los actos de violencia perpetrados en la parroquia Palo Quemado, en contra de los funcionarios que realizaban la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana”.
Este anuncio se da tras nuevos nuevos enfrentamientos antimineros protagonizados por comunidades indígenas en el sector Las Pampas, en la parroquia Palo Quemado, del cantón Sigchos (Cotopaxi).
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) advirtió que se podrían generar hechos violentos por la presencia de un supuesto grupo paramilitar en la zona donde se tramitan permisos para desarrollar la mina La Plata, concesionada a la minera canadiense Atico Minning.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que su movimiento ha decidido “defender, con todo lo que ello significa, los territorios” donde habitan comunidades indígenas y campesinas que son blanco de intereses de corporaciones mineras extranjeras apoyadas por el Gobierno.
Según Iza, el pasado jueves sujetos armados, identificados a sí mismos como “Junta de defensa del campesinado”, se habían congregado en la zona de Palo Quemado. Aseguró que estas personas han efectuado controles no autorizados en una carretera del sector y solicitado a la población documentos.
La Conaie además responsabilizó al presidente de la República, Daniel Noboa, “por los daños a la integridad y la vida de las comunidades de Sigchos…”.
Respuesta del gobierno
Por su parte, el MAATE indicó que _acorde a la normativa legal vigente y a los procesos correspondientes_ reinició la fase de participación ciudadana para la consulta ambiental, respecto al Estudio de Impacto Ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, en el área operativa de la concesión minera La Plata.
“Esta cartera de Estado rechaza los actos de violencia perpetrados en la parroquia Palo Quemado, en contra de los funcionarios que realizaban la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana, mientras cumplían su trabajo con base a la normativa y a las decisiones de la Corte Constitucional”, se indica en un comunicado.
Se agrega que actualmente, se han coordinado acciones de seguridad con las instituciones correspondientes, a fin de que el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas, sea respetado.
“Este proceso se lleva a cabo en estricto cumplimiento con lo dictaminado por la Corte Constitucional en la sentencia 51-23-IN/23, que dispone su continuidad, mientras el Legislativo trabaja en el proyecto de ley correspondiente”, detalló el MAATE. (I)