Una relación larga, con altos y bajos. Ecuador va rumbo a su acuerdo de crédito número 23 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En días pasados, tanto el Gobierno de Daniel Noboa como el organismo multilateral han confirmado que dialogan un nuevo programa de financiamiento.
El pedido del Gobierno de Noboa llega un poco más de un año después de que Ecuador concluyera un Servicio Ampliado (SAF), en diciembre de 2022, y que le dio 6.500 millones de dólares en financiamiento para hacer frente a la crisis agravada por la pandemia de COVID-19 durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.Apenas 13 meses después, el país regresa a pedir ayuda al FMI en medio de urgencias fiscales y con una aguda crisis de seguridad como telón de fondo, lo cual está complicando la economía del país, según ha señalado el mismo organismo multilateral en días pasados.
Desde que es miembro del FMI, en 1945, Ecuador ha recurrido en 22 ocasiones al multilateral, según información del mismo organismo. El Fondo ha prestado recursos para diferentes urgencias, como terremotos o la misma pandemia.
El Gobierno de Noboa se ha acercado a Washington D.C., lugar de la sede central de la entidad financiera, con medidas como el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15 % o el anuncio de la focalización de los subsidios a los combustibles.
“Las medidas que ha aceptado tomar el Gobierno de subir los impuestos, comprometerse en algo, todavía no mucho, a reducir los gastos, son buenas señales para iniciar conversaciones con el Fondo. Al principio, hasta la primera ley tributaria (Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo) parecía que no era suficiente para que el Fondo Monetario abra las puertas. Ahora ya se abrió las puertas”, dijo Gustavo Arteta, economista para América Latina del fondo de inversión PGIM.
Con estos antecedentes, lo más probable es que Ecuador selle nuevamente un Servicio Ampliado, que suele durar tres años, dijo en días pasados el director para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdez. A la par, hay la posibilidad de que Ecuador suscriba otro acuerdo: un Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), lo cual le abriría la puerta a más financiamiento.
Noboa ha señalado que espera unos 3.000 millones de dólares del FMI en los próximos años. A esto se suma financiamiento de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de cubrir las necesidades de financiamiento cercanas a los 11.000 millones de dólares para 2024, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las medidas que ha aceptado tomar el Gobierno de subir los impuestos, comprometerse en algo, todavía no mucho, a reducir los gastos, son buenas señales para iniciar conversaciones con el Fondo.
Gustavo Arteta, economista para América Latina del fondo de inversión PGIM.
¿Qué medidas económicas puede pedir el FMI al Gobierno ecuatoriano de concretarse un nuevo acuerdo? Para Arteta, el organismo requerirá que el IVA se mantenga en el 15 %, al menos mientras dura el acuerdo, es decir, por unos tres años. “Va a tener que aceptar. El Ecuador tiene un problema estructural de un déficit de 5 % del PIB”, añadió el especialista.
También hay asuntos que quedaron pendientes de acuerdos anteriores. Por ejemplo, la auditoría a las cuentas de Petroecuador y la publicación de sus estados financieros, aseguró Arteta.
Con aquello coincide Ramiro Crespo, presidente de la firma Analytica Securities. “No se han hecho los balances o la información financiera necesaria para que tengamos los ecuatorianos y el Fondo una idea de cómo están las empresas del Estado, su situación y cómo se desenvuelven”, señaló el especialista.
Otro punto a considerar es el cambio de Gobierno. Noboa deberá dejar su cargo en mayo de 2025, es decir, el acuerdo con el FMI será suscrito en un período de transición, señalan los expertos. Entre las enseñanzas que menciona el FMI, en la evaluación ex post del acuerdo de Servicio Ampliado que terminó en 2022, está que se pudo haber pedido garantías por escrito a los candidatos a la Presidencia de la República de políticas económicas clave, en privado o idealmente de forma pública, así como compromisos específicos con políticas clave.
Fuente: Expreso