El avance vertiginoso de la inteligencia artificial en los despachos legales, tribunales y aulas universitarias ha puesto sobre la mesa una interrogante que hace una década sonaba a ciencia ficción: si una máquina puede redactar argumentos, clasificar jurisprudencia y responder consultas jurídicas en cuestión de segundos, ¿qué espacio le queda al profesional del derecho?
Según Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana (IBERO), la clave no está en rechazar la tecnología ni en depender de ella de forma acrítica, sino en fortalecer el criterio humano para decidir cómo utilizar la información que estas herramientas generan.
Durante el seminario “El derecho y la IA”, organizado por el Departamento de Derecho y el Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, Arriaga Valenzuela afirmó que la tecnología modificará la práctica legal de manera irreversible. No obstante, quienes no empleen estas herramientas con responsabilidad ni posean una base sólida en su disciplina enfrentarán obstáculos mayores para ejercer la profesión en el futuro cercano.
El rector sostuvo que el perfil de los graduados debe incluir capacidad de razonar, discernir y argumentar. Aunque la inteligencia artificial puede elaborar argumentos y presentar distintas opciones frente a un problema jurídico, no reemplaza la habilidad humana de evaluar cuál es la decisión más acertada en cada situación concreta.
Consideró fundamental que los estudiantes adquieran un conocimiento técnico profundo de su campo y, al mismo tiempo, aprendan a manejar las principales herramientas de inteligencia artificial que pueden facilitar su labor cotidiana.
“Hay que saber inteligencia artificial, pero también debes tener conocimiento técnico de tu profesión”, planteó.
Explicó que una persona puede solicitar a una herramienta tecnológica que genere argumentos para resolver un caso, pero necesita la preparación suficiente para comprender sus alcances e identificar posibles errores. En el ejercicio del derecho, no basta con formular una instrucción correcta o recibir una respuesta; es necesario entenderla y asumir la responsabilidad de aplicarla.
El desafío para las universidades, añadió, consiste en formar profesionales capaces de tomar decisiones importantes con pensamiento crítico y un marco ético claro. De esta manera, la tecnología facilita tareas y proporciona información sin sustituir el juicio profesional.
La IA puede democratizar el conocimiento jurídico, advierte el Observatorio
La Dra. Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, señaló durante el conversatorio que la inteligencia artificial puede democratizar el conocimiento legal al sistematizar patrones contenidos en leyes, contratos y resoluciones judiciales, traduciéndolos a un lenguaje accesible para personas sin formación jurídica.
Esto abre una pregunta de fondo para la profesión: si el conocimiento de las normas está cada vez más al alcance de la población general, ¿cuál será entonces el valor agregado de los abogados?
Magaloni indicó que durante mucho tiempo se confundió el conocimiento de las normas con la función misma de la abogacía, cuando en realidad el Derecho es una práctica orientada a prevenir y pacificar conflictos. Por lo tanto, las capacidades técnicas y humanas de quienes ejercen la profesión deberán elevarse frente a este cambio tecnológico.
Consideró que la inteligencia artificial puede contribuir a que más personas comprendan sus derechos y encuentren orientación jurídica, incluso antes de acudir a un despacho.
Warkentin ilustró este punto con el caso de una persona que, tras enfrentar dificultades para conseguir asesoría, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para organizar la información de un asunto relacionado con una presunta negligencia médica. Aclaró que el caso seguía su curso, pero lo consideró representativo de las posibilidades que estas tecnologías abren para el acceso a la justicia.
Prevenir y pacificar conflictos exige empatía, no solo conocimiento legal
Frente a este panorama, el rector de la IBERO insistió en que la función de los abogados no puede reducirse a conocer leyes o redactar documentos, porque su responsabilidad central es acompañar a las personas en situaciones que pueden afectar profundamente sus vidas.
“Prevenir y pacificar conflictos significa escuchar, significa entender, significa tener empatía, significa negociar, generar confianza, hacerse responsable”, expresó, en una definición que sitúa el componente humano por encima de la eficiencia técnica que ofrecen las nuevas herramientas.
Arriaga Valenzuela señaló que la formación jurídica debe dejar atrás los modelos centrados en memorizar códigos, artículos y conceptos abstractos, para acercar a los estudiantes a los problemas que enfrentan las personas en su vida cotidiana.
La incorporación de tecnología, explicó, debe modificar las dinámicas del aula y la manera misma de enseñar, no prohibiendo las herramientas disponibles, sino logrando que los estudiantes comprendan a fondo aquello que investigan y argumentan antes de presentarlo como propio.
Las humanidades sostienen el pensamiento crítico frente al avance técnico
En este proceso de transformación, las humanidades ocupan un lugar central para el rector, quien sostuvo que la filosofía, las ciencias sociales y el conocimiento de las relaciones de poder permiten formular preguntas profundas, comprender la realidad social y desarrollar pensamiento crítico frente a la inmediatez de las respuestas automatizadas.
Recordó que uno de los principios de la formación jesuita es “someter la técnica al espíritu”, una idea que consideró especialmente pertinente ante los cambios tecnológicos actuales. Por ello, afirmó que estudiar filosofía, letras y sociología sigue siendo relevante incluso para quienes se forman en disciplinas estrictamente tecnológicas.
Fuente: Infobae