Han pasado 37 años desde la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un comando militar asesinó a seis sacerdotes jesuitas, una trabajadora y su hija adolescente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. Este crimen ocurrió durante la ofensiva urbana del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Las víctimas fatales fueron el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría; el vicerrector, Ignacio Martín-Baró; el sociólogo Segundo Montes; los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También perdieron la vida Julia Elba Ramos, empleada doméstica de la residencia jesuita, y su hija Celina Mariceth Ramos, de 16 años.
Durante este mes, la UCA realiza actividades con motivo del XXXVII aniversario de los mártires. Una de ellas es una muestra en el Centro Monseñor Romero que invita a reflexionar sobre las condiciones sociales del país desde la memoria de las víctimas.
El crimen se produjo en uno de los momentos más críticos de la guerra civil salvadoreña. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó la ofensiva «Hasta el tope», que llevó los combates a San Salvador y otras ciudades. La capital quedó bajo fuego, con enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, bombardeos y restricciones de movilidad.
En ese escenario, la cúpula de la Fuerza Armada veía a Ellacuría y a la UCA como aliados políticos de la insurgencia. El rector jesuita había abogado por una salida negociada al conflicto y mantenía diálogo con diversos sectores políticos. Además, la universidad documentaba violaciones de derechos humanos y publicaba investigaciones sobre la realidad social del país.
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas determinó que, en una reunión del alto mando militar el 15 de noviembre, se ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, asesinar a Ellacuría y eliminar cualquier testigo. Según esa reconstrucción, la orden provino del entonces coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto.
Benavides transmitió la instrucción a oficiales y soldados del Batallón Atlácatl, una unidad de reacción inmediata del Ejército salvadoreño, entrenada en parte con asistencia militar de Estados Unidos. El comando ingresó al campus de la UCA durante la madrugada.
La ejecución en el jardín de la residencia jesuita
Los militares llegaron a la residencia de los jesuitas, los obligaron a salir y ordenaron a cinco de ellos acostarse boca abajo en el jardín. Allí fueron ejecutados Ellacuría, Martín-Baró, Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. Joaquín López y López fue asesinado dentro de la vivienda.
Los soldados también hallaron a Julia Elba Ramos y Celina Mariceth, quienes dormían en una habitación de la residencia porque su casa había sufrido daños durante la ofensiva. Ambas fueron asesinadas. Según la reconstrucción del caso, los ejecutores buscaban eliminar a cualquier persona que pudiera identificar a los autores de la operación.
Después de los homicidios, el comando disparó y usó explosivos para simular un enfrentamiento con la guerrilla. Las primeras versiones oficiales intentaron desvincular a la Fuerza Armada, pero la presión internacional y las investigaciones posteriores lograron establecer la responsabilidad militar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el proceso judicial salvadoreño estuvo condicionado por una política de encubrimiento y calificó el juicio como una actuación que no permitió establecer responsabilidades completas. El informe de fondo de la CIDH sobre la masacre señaló que la investigación no alcanzó a quienes dieron la orden desde el alto mando.
Un juicio con condenas limitadas y décadas de impunidad
En 1991, un tribunal salvadoreño condenó a Benavides y al teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos. El resto de los acusados, incluidos militares vinculados directamente con el operativo, fue absuelto.
Dos años después, la Ley de Amnistía General permitió la liberación de los condenados y bloqueó nuevas investigaciones durante más de dos décadas. La Comisión de la Verdad, creada tras los Acuerdos de Paz, identificó la cadena de mando y situó la masacre dentro de una política de persecución contra civiles considerados cercanos al FMLN.
La anulación de la amnistía por la Sala de lo Constitucional en 2016 abrió la posibilidad de reactivar causas por graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los responsables intelectuales señalados en los informes internacionales no han recibido condenas en El Salvador.
El caso también tuvo repercusión fuera del país. La masacre debilitó la imagen internacional del Gobierno salvadoreño y reforzó la presión para alcanzar una negociación. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, incluyeron reformas militares, la creación de una Comisión de la Verdad y la desmovilización de unidades como el Batallón Atlácatl.
La memoria de Ellacuría, sus compañeros, Julia Elba y Celina permanece en el jardín de rosas y en la Sala Memorial de la UCA. Treinta y siete años después, sus nombres siguen asociados a una pregunta que el sistema judicial salvadoreño aún no logra cerrar: ¿Quiénes ordenaron el crimen y por qué no han sido juzgados?
Fuente: Infobae