Desde este jueves, 12 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional entrará en un receso de quince días, mientras dura la campaña para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); pero antes del descanso, el Parlamento aprobó leyes, tratados, proyectos de resolución y concedió, además, una licencia al presidente Daniel Noboa para ausentarse del cargo temporalmente.
Entre los últimos proyectos aprobados en el Legislativo está la denominada “ley antimafias”, las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la proforma presupuestaria de 2027, el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica; además de proyectos de resolución para iniciar procesos de fiscalización y una licencia para que el primer mandatario realice campaña electoral.
El receso parlamentario terminará el 26 de noviembre, tres días antes de la jornada electoral. Durante este tiempo se suspenden las sesiones ordinarias del pleno y de las quince comisiones especializadas permanentes, aunque todas las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento se mantendrán.
Desde la semana pasada, el Legislativo ha mantenido una intensa agenda de trabajo.
La noche del pasado viernes, 6 de noviembre, por ejemplo, la Asamblea aprobó, con 83 votos, el proyecto de reformas al Cootad que, entre otras cosas, establece la remoción definitiva de autoridades locales, como gobernadores regionales, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales rurales, que se ausenten del cargo de manera temporal por más de noventa días.
El proyecto de ley aprobado unificó catorce iniciativas legislativas y busca fortalecer la transparencia en los concejos municipales, la posibilidad de venta directa de bienes inmuebles municipales a arrendatarios, incorpora requisitos para la creación de cantones y parroquias, incluye la gobernanza territorial de la seguridad y convivencia ciudadana entre las funciones de los GAD, define atribuciones de los viceprefectos e implementa un plan provincial de seguridad y convivencia ciudadana. El proyecto de ley fue remitido al presidente Daniel Noboa para su veto o sanción.
En esa misma jornada, también con 83 votos, los legisladores aprobaron la proforma del presupuesto general del Estado, que asciende a $ 50.213 millones y que equivale al 35,18 % del producto interno bruto (PIB).
La proforma se compone de $ 34.427 millones en ingresos totales y $ 38.838 millones en gastos. La diferencia para cubrir los gastos constituye un déficit fiscal de $ 4.412 millones, que equivalen al 3,1 % del producto interno bruto (PIB).
Entre las principales asignaciones constan $ 6.681 millones para educación, $ 5.855 millones para salud, $ 4.825 millones para los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y $ 1.443 millones para universidades y escuelas politécnicas.
Según la proforma, las proyecciones económicas que sustentan la proforma consideran un crecimiento del 2,5 %, una inflación del 2,2 % y un precio de exportación del petróleo de $ 66 por barril.
El último lunes, 9 de noviembre, en cambio, el pleno aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, llamada también “ley antimafias”.
La normativa fue aprobada con 85 votos y hace reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para atacar a estructuras criminales, sus mecanismos de financiamiento, sus redes de colaboración, el control territorial, el ocultamiento patrimonial y la utilización ilícita de sectores estratégicos.
La propuesta combina el endurecimiento de las penas con nuevas figuras para identificar a quienes sostienen estas estructuras, mecanismos de cooperación con la Fiscalía y disposiciones para recuperar y administrar los bienes vinculados con actividades ilícitas. La normativa se remitirá al Ejecutivo para su veto o sanción.
El martes, 10 de noviembre, en cambio, el Legislativo aprobó la solicitud de licencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para participar en actividades de apoyo a los candidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) durante el periodo de campaña electoral. El pedido pasó con 138 votos de los asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), de la Revolución Ciudadana (RC), del Partido Social Cristiano (PSC) e independientes.
El permiso que solicitó el primer mandatario comprende dos periodos: del 12 al 18 y del 20 al 26 de noviembre, día en el cual finaliza el periodo proselitista y que coincide con el fin del receso legislativo.
Entretanto, con 88 votos, la Asamblea aprobó el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica. El instrumento está conformado por un preámbulo y veintitrés artículos, y fue suscrito el 8 de noviembre de 2021 en San José (Costa Rica). Tras su aprobación, este acuerdo será remitido a la Presidencia de la República para su ratificación.
Además de estos proyectos de ley, tratados y licencia aprobados, el Legislativo entra al periodo de vacancia mientras se siguen procesos de fiscalización a gestiones municipales y provinciales.
En la Comisión de Fiscalización se investiga la compra de seis camiones recolectores de basura para el Distrito Metropolitano de Quito en la alcaldía de Pabel Muñoz, luego de que un examen especial de la Contraloría General del Estado identificara presuntas irregularidades y un perjuicio económico estimado de $ 786.923. En tanto, la mesa parlamentaria deberá fiscalizar presuntos cobros indebidos a artistas, gestores culturales, estudiantes y agrupaciones participantes en las fiestas de Quito de 2025 y 2026, tras una denuncia que hizo el asambleísta de ADN Luigi García.
Esta comisión, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN), también investiga el caso denominado Asfalto de Oro, relacionado con procesos de contratación pública ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) del Municipio de Quito para la compra de asfalto, durante la gestión de Muñoz.
En la misma comisión se inició el proceso de fiscalización a los procesos de contratación pública y contratos suscritos y ejecutados por las entidades del sector público con la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía., vinculada al exviceprefecto y candidato a la Prefectura de Pichincha por el correísmo Alexandro Tonello.
Por su parte, la Comisión de Transparencia indaga presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito que se investigan en el caso denominado VaQnas, hecho que también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía el 19 de octubre, a través de una denuncia del activista político y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas en contra del alcalde Pabel Muñoz por por la presunta comisión de los delitos de concusión y cohecho.
Mientras tanto, la Comisión de Seguridad fiscaliza un caso denominado Canteras Quito, que indaga la autorización, regulación, control y seguimiento de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos en canteras ubicadas en la capital. (I)
Fuente: El Universo