El Ministerio de Educación se pronunció sobre los casos de presunta violencia registrado en instituciones educativas tanto de Quito como de Guayaquil. A través de un comunicado, emitido este martes, 5 de marzo, recordó que existen protocolos que se activan de manera inmediata ante hechos de violencia física, sexual o psicológica dentro o fuera del sistema educativo.
El pronunciamiento de la Cartera de Estado llega luego de que el pasado lunes 4, el abogado Fernando Rosero -defensa de la alumna del Colegio Internacional SEK-Guayaquil-, que habría sido abusada durante un viaje a República Dominicana, hiciera público el caso.
Sobre este hecho, el Ministerio de Educación indicó que en la lógica de precautelar los derechos y seguridad de la presunta víctima “se ha efectuado el acompañamiento legal y psicológico a la institución particular, a la estudiante y su familia”.
Adicionalmente, detalló en el mismo comunicado, que desde el Distrito Educativo se está brindando seguimiento y aportando con todas las diligencias del caso para que se cumpla la debida investigación y resolución por parte de Fiscalía.
El Ministerio también se refirió al caso del colegio Réplica 24 de Mayo de Quito. En esa institución, citó, se habría registrado un caso de presunta violencia física y psicológica hacia una menor por parte de un docente.
El hecho fue reportado por la madre de la menor y denunciado ante Fiscalía siendo tipificado por esa instancia como acoso sexual.
“El Mineduc se mantiene atento y acompañando en el proceso legal a la familia de la presunta víctima, así mismo, se ha brindado toda la contención y acompañamiento psicológico a ellos y la comunidad educativa a través de la derivación a las instancias competentes del Sistema de Protección”, indicó la Cartera de Estado a través de un comunicado este martes.
Ante estos casos, el ministerio recordó que frente a casos de presunta violencia se ejecutan al menos seis acciones:
Toda persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia contra un niño, niña o joven, cometido dentro o fuera de la institución educativa, tiene la obligación de reportarlo.
Poner la denuncia inmediatamente en Fiscalía y hacerla conocer a la autoridad institucional inmediata del Ministerio de Educación.
Separación inmediata del espacio educativo del presunto agresor durante el tiempo de investigación y resolución del proceso administrativo.
Acompañamiento psicológico a la presunta víctima y su familia a través de la derivación a las instancias de salud.
Acompañamiento pedagógico para garantizar la continuidad y el derecho a la educación de la presunta víctima.
Asesoramiento y derivación en el área legal, a fin de garantizar el acceso a la justicia. Cabe indicar que la política del ministerio es priorizar la versión de los niños, niñas y jóvenes respetando su intimidad y la de su familia. Es decir, no se deberá difundir sus datos personales y se precautelará su privacidad durante todo el proceso de investigación. (I)
