Los miembros de la Asamblea Nacional y sus bancadas aún procesan una reacción ante el caso Purga que empaña el quehacer político: desde tomar una resolución de apoyo a las investigaciones de casos de corrupción o hacer investigaciones internas, están entre las posibilidades.
La Fiscalía General del Estado llevó a los tribunales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una nueva indagación que daría cuenta de la infiltración de la delincuencia organizada en la Función Judicial y los actores políticos, a los que denominó caso Purga que devino del llamado caso Metástasis.
Entre los doce detenidos, sospechosos de incurrir en el delito de delincuencia organizada, está el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M. A., jueces de la Corte Provincial del Guayas, entre ellos, la expresidenta Fabiola G., que incluso fue nominada a integrar la terna de la CNJ para ser vocal y presidir el Consejo de la Judicatura.
En la audiencia de formulación de cargos que se hizo el lunes y martes en la madrugada, en la Corte en Quito, la titular de la Fiscalía, Diana Salazar expuso el funcionamiento de esta estructura criminal que salpica a uno de los poderes del Estado: la Asamblea Nacional.
«Esta vez la corruptela se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio y obviamente porque no está separada tampoco en esta estructura a las del narcotráfico (…)», indicó.
Argumentó que hay una criminalidad vinculada a los «seudopolíticos, porque no son políticos sino delincuentes» que estarían permitiendo entornos favorables a economías criminales.
Ejemplo de ello, manifestó Salazar, habrían sido las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que impulsó la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana (RC) y que están en el limbo por la falta de apoyos del PSC, Construye y otros independientes.
«Es que todo concluye entre ellos. En nuestro país persiste una forma equivocada de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida entre los poderes públicos, legislativo y judicial. Prueba de ello es la pretendida aprobación de aquellas reformas que iban a limitar la acción de la Fiscalía, porque de haberse dado estas reformas, se pretendía que la Fiscalía ponga al servicio de la Asamblea Nacional las investigaciones que de forma reservada y acertada las venimos manejando», añadió la autoridad.
Con esos antecedentes, entre los asambleístas no hay una posición sólida para tomar acciones en el interior del Palacio Legislativo.
Desde la RC se marca distancia. Lo sucedido con Pablo M. A. es asunto del PSC y «la Asamblea en su conjunto no puede ser generalizada cuando ha tenido malos elementos», opinó la legisladora Gisella Garzón (RC), quien es proponente del juicio político a la fiscal Diana Salazar.
Garzón desafió a la fiscal a dar el mismo tratamiento a las investigaciones en el caso Encuentro, que vinculan a Danilo Carrera, cuñado del expresidente, Guillermo Lasso; y, en su criterio, esto puede ser una muestra para que sientan las otras tendencias políticas que la «persecución es real».
«Los tiempos coinciden y puede ser una retaliación», tras la destitución y censura de Fausto Murillo de su vocalía en el Consejo de la Judicatura.
Su coideario, Leonardo Berrezueta, quiere saber ahora qué opinión tiene el PSC de la fiscal Salazar y cuál será su posición sobre lo sucedido.
«…No los paños de agua tibia en donde simplemente dicen que dejarán que la justicia actúe. Queremos un pronunciamiento más directo de la actuación de su exasambleísta. Le pregunto al abogado (Jaime) Nebot (líder del PSC) si ahora piensa lo mismo en relación a la fiscal. Será que piensa lo mismo luego que ‘oh coincidencia’ se destituyó a Fausto Murillo, brazo ejecutor de la fiscal. Inmediatamente se hace un allanamiento y operativo y se desarticula a esta red de corrupción. En política no hay coincidencias y estos temas establecen una agenda política de la fiscal», afirmó.
Fue un poco más allá y pidió al presidente de la Función, Henry Kronfle que tome acciones.
«El presidente de la Asamblea tiene la responsabilidad de convocar a los jefes de bancadas, los presidentes de las comisiones, autoridades para que se abra una investigación seria, que no espectacularice la fiscalización, sino que nos lleve a conocer los alcances de la corrupción. El presidente de la Asamblea tiene la obligación de abrir una investigación seria y necesitamos conocer cuál fue el alcance del exlegislador» en su actuación
Por la bancada del PSC respondió su coordinador, Vicente Taiano, quien reiteró la posición oficial de su partido de respetar el proceso judicial.
«Nadie puede estar por encima de la ley y nosotros lo hemos dicho, las acusaciones a un exlegislador es un tema de estricta responsabilidad y deberá defenderse de sus actuaciones», dijo Taiano y aclaró que Pablo M. A., era un militante y dirigente en Guayaquil.
Pero, «no es parte de la bancada, ni tiene una vinculación de asesoría a un legislador o con instancias administrativas de la Asamblea», indicó el asambleísta socialcristiano.
Por el movimiento Construye, el asambleísta Camilo Salinas expresó su respaldo al trabajo de la Fiscalía y analizan proponer en la próxima sesión una resolución de apoyo a las investigaciones.
Para esta agrupación política lo que denunció el exlegislador Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, de «alguna manera se está materializando», según Salinas.
Una postura distinta tiene la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), cuyo asambleísta aliado Adrián Castro cree que la fiscal no necesita de resoluciones de apoyo, ni la Asamblea de comisiones especiales para hacer investigaciones.
«No detengamos las leyes importantes que requiere el país. La fiscal no necesita resoluciones de respaldo, sino herramientas jurídicas potentes para que siga su trabajo. La Asamblea debe limitarse a lo que diga la ley. Nosotros tenemos que legislar y fiscalizar y, en nuestro orden, las responsabilidades políticas. Basta de comisiones, lo único que hay que hacer es trabajar», subrayó Castro. (I)
