En la segunda semana de noviembre, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional arrancará el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Activos Virtuales, que busca establecer reglas para las actividades relacionadas con estos instrumentos digitales en Ecuador, desde su emisión e intercambio hasta su custodia, transferencia y administración. También plantea mecanismos de supervisión para prevenir delitos financieros y dar seguridad jurídica a quienes participan en este mercado.
El proyecto fue presentado por la asambleísta Inés Alarcón, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que preside la mesa de Seguridad Integral. El documento está compuesto por 83 artículos, seis disposiciones transitorias, cinco reformatorias y una disposición final. Su alcance comprende las actividades relacionadas con activos virtuales que se realicen en territorio ecuatoriano o que produzcan efectos económicos, jurídicos o patrimoniales en el país.
Controles para prevenir delitos financieros
Uno de los principales ejes del proyecto es evitar que los activos virtuales sean utilizados para ocultar dinero de origen ilícito, dificultar el rastreo de bienes o realizar operaciones al margen de los controles estatales.
Para ello, la iniciativa establece obligaciones para los operadores, como identificar a sus clientes y usuarios, verificar quiénes son los verdaderos propietarios de los recursos, vigilar las transacciones y aplicar controles adicionales cuando existan señales de mayor riesgo.
También deberán conservar información que permita conocer el origen y destino de los recursos, identificar a sus titulares y reconstruir el recorrido de las operaciones. Estas disposiciones buscan facilitar la detección de movimientos sospechosos y entregar información a las autoridades cuando sea necesario.
La propuesta aclara que no todas las operaciones con activos virtuales deben considerarse sospechosas. El propósito es establecer reglas para conocer quiénes realizan estas actividades, bajo qué condiciones funcionan y cuáles son sus responsabilidades.
En este ámbito, el proyecto plantea una mayor coordinación entre las instituciones encargadas del control financiero y la prevención de delitos. Entre ellas constan la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
También contempla la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Función Judicial, dentro de sus respectivas competencias.
¿Qué actividades estarán reguladas?
El proyecto determina quiénes quedarían plenamente sometidos a las obligaciones, controles y sanciones:
- Los proveedores de servicios de activos virtuales
- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual, profesional, organizada o con finalidad económica que realicen actividades de intercambio, custodia, transferencia, administración o intermediación de operaciones con activos virtuales.
- Las plataformas, aplicaciones, portales, protocolos o infraestructuras tecnológicas que permitan o faciliten materialmente la realización de actividades reguladas.
- Los operadores extranjeros sin establecimiento físico en el Ecuador que ofrezcan o ejecuten de forma habitual actividades dirigidas a residentes, consumidores o patrimonios ubicados en el país. Para evitar la evasión mediante plataformas transfronterizas.
Reformas a otras leyes
La iniciativa también toma en cuenta el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos y otras conductas relacionadas con el ocultamiento, la transferencia y el aprovechamiento de bienes de origen ilícito.
Según la exposición de motivos, uno de los problemas para investigar operaciones con activos virtuales es la dificultad para rastrear las transacciones y conocer el recorrido de los recursos. Por ello, considera que las obligaciones de identificación y conservación de información pueden aportar herramientas para las investigaciones.
Para incorporar estas disposiciones, el proyecto plantea reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Fintech, la Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
También el proyecto plantea sanciones que abarcan desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal, cancelación del registro e inhabilitación del operador.
Se propone que las sanciones administrativas no impiden las acciones penales o de recuperación patrimonial, obligando a los supervisores a remitir de inmediato a la Fiscalía General del Estado cualquier expediente con indicios de delito o de bienes sujetos a extinción de dominio.
La propuesta no busca prohibir el uso de activos virtuales, sino establecer condiciones para que las actividades legítimas relacionadas con ellos puedan desarrollarse bajo reglas claras. Según su proponente, la falta de regulación puede generar incertidumbre jurídica, limitar las inversiones y frenar el crecimiento de nuevos negocios tecnológicos.
Así, el proyecto plantea dos objetivos: fortalecer los controles para prevenir actividades ilícitas y crear un marco legal que permita el desarrollo de este mercado en Ecuador.
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Fuente: El universo