El líder nicaragüense Daniel Ortega no formará parte de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, según información divulgada por el diario nicaragüense La Prensa.
Su ausencia se da en un contexto de creciente presión diplomática contra el régimen que encabeza junto a Rosario Murillo, debido a la situación de los presos políticos y las limitaciones a las libertades en Nicaragua.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, confirmó a medios españoles que Ortega no asistirá al evento. Hasta ahora, las autoridades nicaragüenses no han informado si enviarán un representante ni quién podría ocupar ese puesto.
Esta decisión sigue un patrón ya observado en otros encuentros regionales. Nicaragua tampoco participó en la XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cuenca, Ecuador, en noviembre de 2024.
Ortega, de 81 años, ha reducido sus apariciones públicas y ha transferido gran parte de la exposición oficial a Rosario Murillo, quien funge como copresidenta y portavoz del régimen.
Posible delegado nicaragüense en la cumbre
La Secretaría General Iberoamericana (Segib) indicó que los países cuyos mandatarios no asistan pueden ser representados por vicepresidentes o ministros de Relaciones Exteriores. La Prensa señaló que consultó en dos oportunidades a las autoridades nicaragüenses sobre una eventual delegación, pero no obtuvo respuesta.
Entre los posibles enviados figuran el canciller Valdrack Jaentschke y el representante de Nicaragua ante España, Denis Moncada, aunque no hay confirmación oficial. La participación de un delegado se daría pese a los reclamos de sectores opositores y exiliados, que pidieron que el régimen de Ortega no fuera invitado a la cita regional.
La politóloga nicaragüense Alexa Zamora, exiliada en España y consultada por el medio, cuestionó la convocatoria a los dirigentes nicaragüenses. Afirmó que la presencia del régimen en la cumbre podría interpretarse como una validación política, en momentos en que organismos regionales exigen medidas ante la situación de los derechos humanos en el país.
Endurecimiento de la postura española
Las relaciones entre España y el régimen nicaragüense han vivido nuevos episodios de tensión durante 2026. Según La Prensa, las autoridades de Managua expulsaron al embajador español poco después de su llegada y redujeron la representación diplomática a solo dos funcionarios.
El régimen justificó estas acciones con acusaciones de injerencia en asuntos internos. Madrid, por su parte, mantiene una posición crítica frente a las denuncias de abusos de derechos humanos y ya había desconocido los resultados de las elecciones de 2021, que permitieron la continuidad de Ortega y Murillo en el poder.
España también ha concedido la nacionalidad a 214 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023, de acuerdo con datos de la organización Cívico, que monitorea el Boletín Oficial del Estado. El 23 de octubre se anunció la nacionalización de otros 46 ciudadanos de Nicaragua.
El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, recibió en julio a Denis Moncada. Ese encuentro generó críticas entre opositores nicaragüenses radicados en España, quienes lo consideraron una señal contradictoria respecto a la postura oficial de Madrid frente a la represión.
Plazo de 60 días que impuso la OEA a Managua
La cumbre se desarrolla mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) intensifica la presión sobre las autoridades nicaragüenses. El 2 de octubre, una reunión de cancilleres aprobó una resolución que exige elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la creación de un grupo ministerial para abrir un diálogo con el régimen.
Ese grupo dispondrá de 60 días para elaborar un informe con recomendaciones concretas sobre la respuesta de Managua a las demandas de los países miembros. La decisión se tomó luego de que Ortega anunciara en julio el fin de las elecciones, medida que provocó críticas en la región y reactivó el debate sobre Nicaragua dentro de la OEA.
Dora María Téllez, exguerrillera nicaragüense y nacionalizada española, expresó su expectativa de que la Cumbre Iberoamericana mantenga la presión sobre Ortega y Murillo. La dirigente vinculó esa posibilidad con la resolución de la OEA y con la exigencia de que se garanticen comicios y la liberación de los detenidos por razones políticas.
La Unión Europea, por su parte, renovó su régimen de sanciones contra Rosario Murillo, tres de sus hijos —Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo— y otros 17 integrantes de la cúpula nicaragüense. Estas medidas están vigentes desde 2019 y también afectan a la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor.
Fuente: Infobae