Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, se presentó el martes ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre los disturbios del 17 de octubre. En su intervención, asumió la responsabilidad total por el operativo de seguridad, al que calificó como “fracaso” y dijo ser “el único responsable”.
Núñez explicó que “el fracaso constatado no presupone por sí mismo una falta de los servicios del Estado” y reconoció una falta de anticipación frente a la confluencia de cuatro situaciones simultáneas: una concentración de 110.000 personas que requería control, activistas radicalizados que neutralizaron la presencia policial en la Plaza de la República, marchas no autorizadas hacia centros de poder, y la llegada de grupos dedicados al saqueo y destrucción de comercios.
En ese contexto, el ministro informó que había presentado su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien decidió rechazarla. Como falla puntual, admitió no haber convocado el regreso anticipado de vacaciones a los efectivos de Policía y Gendarmería previstos para esa fecha. Señaló además al “movimiento de ultraizquierda” como responsable del descontrol, con la intención, según su versión, de desestabilizar a las fuerzas del orden, especialmente en la capital.
El funcionario indicó que la estimación inicial de asistentes resultó inferior a la cifra real, aunque consideró que ese desfase no fue el principal problema. “La diferencia no radicaba tanto en la previsión del número de participantes como en la intensidad de la violencia de aquel día”, afirmó, y atribuyó las dificultades a la presencia de delincuentes, saqueadores y vándalos en una proporción mayor a la anticipada.
Núñez remarcó que los servicios de inteligencia habían alertado con antelación sobre el potencial insurreccional de la movilización y sobre la posible intervención de colectivos de ultraizquierda que podrían atacar negocios, inmuebles oficiales y efectivos desplegados. A partir de esos informes, el 16 de octubre envió instrucciones a los prefectos para gestionar bloqueos, supervisar marchas bajo un principio de desescalada e intervenir sistemáticamente ante episodios de violencia.
Datos oficiales de la jornada
Según datos del Ministerio, el 17 de octubre se registraron 441 acciones de protesta con 550.000 asistentes en todo el territorio francés, de los cuales 110.000 se concentraron en París. Los hechos derivaron en el saqueo de aproximadamente 3.000 comercios e incendios de edificios públicos, entre ellos el Ayuntamiento de Limoges, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Núñez precisó que de las 75 unidades de fuerzas móviles disponibles se emplearon prácticamente todas, excepto cinco que debieron cubrir otros compromisos. Justificó no sumar más personal por el desgaste acumulado tras semanas de protestas estudiantiles iniciadas a fines de septiembre, con el objetivo de preservar el descanso de los agentes. Agregó que los grupos de ultraizquierda actuaron antes de lo previsto y con mayor autonomía, generando enfrentamientos desde el inicio mismo de las marchas en Marsella y París, a diferencia de lo observado en convocatorias anteriores.
Para los sábados posteriores, el 24 y el 31 de octubre, el funcionario reconoció haber diseñado un esquema “muy diferente” al del 17, que incorporó vehículos blindados, cañones de agua, una distribución anticipada de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos y una mayor capacidad de movilidad de los agentes.
Lamentó también los heridos graves entre manifestantes y estudiantes de secundaria, entre ellos un joven que sufrió la amputación de una mano en Lens, en el norte del país. Pese a esto, defendió el uso de “armamento intermedio”, como ciertos tipos de granadas, frente a lo que calificó de violencia “sin precedentes” por parte del movimiento estudiantil. Las granadas aturdidoras, prohibidas en protestas escolares, fueron utilizadas de todos modos en esas jornadas.
A pesar de la propuesta del Gobierno francés de reformar el sistema de ingreso universitario Parcoursup, los alumnos de secundaria mantuvieron las movilizaciones durante el fin de semana y reclaman directamente su eliminación. A esas marchas se sumaron los “chalecos amarillos” junto con organizaciones sindicales, que manifestaron su rechazo al costo de vida y a la actuación policial, en vísperas de la huelga general convocada para el 5 de noviembre.
Fuente: Infobae