En un movimiento que redefine el tablero político israelí, el exprimer ministro Naftali Bennett comunicó este domingo su respaldo a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, para que reciba el encargo de formar el próximo Ejecutivo. La decisión otorga un impulso estratégico al dirigente opositor en las consultas que definirán quién podrá construir una coalición viable, en medio de un Parlamento fraccionado donde Benjamin Netanyahu enfrenta serias dificultades para retener el poder.
Bennett expresó su postura a través de una publicación en la red X, donde confirmó que su agrupación B’Yachad apoyará la candidatura de Eisenkot. Esta determinación responde también a la correlación de fuerzas surgida de los comicios: Yashar obtuvo 21 respaldos, mientras que el partido del exprimer ministro consiguió 12.
Desde la tienda de Bennett señalaron que durante la campaña electoral asumió el compromiso de respetar la voluntad popular. El comunicado oficial subrayó que el exprimer ministro ha sido claro en acatar la decisión expresada por los votantes.
Este anuncio se produce en plenas negociaciones entre las distintas fuerzas para definir la próxima coalición. En el sistema parlamentario israelí, los ciudadanos eligen a los miembros de la Knesset (Parlamento unicameral) y no directamente al jefe de Gobierno. Por ello, el político que recibe el mandato de formar gabinete debe tejer alianzas hasta alcanzar una mayoría que le permita gobernar.
Eisenkot, por su parte, se enfrenta ahora a la decisión de buscar o no el apoyo de los partidos árabes israelíes, cuya actuación electoral les ha dado un peso significativo en el nuevo equilibrio de fuerzas. Su respaldo podría ser clave para articular una mayoría alternativa a la encabezada por Netanyahu.
El avance de esas formaciones ha provocado duras críticas del actual primer ministro y de su partido, Likud. Tanto durante la campaña como después de conocerse los resultados, Netanyahu acusó a sectores árabes de haber manipulado el proceso electoral y declaró que habían “robado” la votación. Estas afirmaciones desataron un intenso debate sobre la legitimidad de los comicios y el lugar de la minoría árabe en la vida política del país.
Los ciudadanos árabes de Israel constituyen aproximadamente el 20% de la población. En su mayoría, son descendientes de palestinos que permanecieron en el territorio tras la creación del Estado israelí en 1948.
En este clima, las autoridades electorales intentaron separar las denuncias políticas de la investigación abierta por un presunto financiamiento extranjero. El presidente del Comité Central Electoral, Noam Sohlberg, aseguró que las pesquisas no ponen en entredicho el resultado global de los comicios.
La indagación fue solicitada por el propio organismo electoral y quedó a cargo del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí. El objetivo es determinar si el partido árabe Raam recibió dinero procedente de Qatar, una acusación que tanto la agrupación como el gobierno qatarí rechazaron de plano.
El líder de Raam, Mansour Abbas, negó cualquier vínculo con el supuesto financiamiento y manifestó su disposición a someterse a las investigaciones. Qatar, por su parte, calificó las acusaciones de “ridículas y peligrosas”.
Sohlberg difundió un mensaje conjunto con el jefe del Shin Bet y el fiscal general para ofrecer garantías sobre la validez de los comicios. “Su elección en las urnas será respetada”, afirmó. También aclaró que, aunque las denuncias debían examinarse, hasta ese momento no existían conclusiones que justificaran poner en duda el proceso.
“Las sospechas siguen siendo sospechas”, subrayó el magistrado, quien agregó que las autoridades revisarán los señalamientos para esclarecer lo ocurrido.
Incluso si las irregularidades denunciadas llegaran a confirmarse, sostuvo Sohlberg, eso no alteraría la integridad del procedimiento electoral ni sus resultados generales.
El funcionario también rechazó que las acusaciones contra los partidos árabes se utilicen para desacreditar la participación de sus votantes. “Los ciudadanos que acudieron a las urnas ejercieron su derecho democrático”, afirmó, y consideró positivo el incremento de la concurrencia electoral en todas las comunidades.
Fuente: Infobae