Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán, dentro del caso Digitador, que indaga un presunto caso de delincuencia organizada.
En una audiencia de apelación, desarrollada este viernes, 30 de octubre, los magistrados Juana Pacheco Cabrera y Diana Fernández León votaron a favor de sustituir la prisión preventiva de Plúa por medidas alternativas. Mientras tanto, el juez Lauro Sánchez Salcedo emitió un voto salvado y consideró que debía mantenerse la orden de encarcelamiento.
Dentro de la diligencia, el tribunal dispuso que la alcaldesa cumpla con presentaciones periódicas cada lunes ante la Fiscalía correspondiente a su domicilio; además no podrá salir del país y deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
De manera inmediata, se ordenó la emisión de la boleta de excarcelación.
En la audiencia, Sánchez sostuvo que existían elementos investigados que vinculan presuntamente a Plúa con la estructura señalada por supuestas irregularidades en trámites de matriculación vehicular.
Entre esos elementos, citó interceptaciones telefónicas de otros procesados en las que se hace alusión a una persona identificada como “alcaldesa”, “jefa” o doctora. Asimismo, citó seguimientos policiales y registros fotográficos. A su vez, reconoció que no existían interceptaciones telefónicas directamente atribuibles a la procesada.
Sobre un problema de aneurisma de aorta sin ruptura que padece la autoridad, el juez Sánchez dijo que no se ha establecido que corresponda al criterio de enfermedad catastrófica y estableció un argumento de riesgo para su vida.
A la par, en la misma audiencia, el tribunal rechazó los recursos de apelación de los otros nueve procesados y ratificó la medida de prisión preventiva en su contra.
El pasado 25 de junio, Plúa Santillán y los otros procesados fueron detenidos durante el operativo Digitador, que incluyó 18 allanamientos, incluso en el mismo Municipio.
El caso Digitador indaga una presunta estructura que habría operado en agencias de tránsito de varios cantones de Manabí, a través de la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas y certificados de revisión técnica vehicular.
Según las indagaciones de la Fiscalía, la red habría estado integrada por funcionarios públicos, digitadores y tramitadores que cobraban entre $100 y $150 para agilizar las gestiones e incluso evadir requisitos. La entidad ubicó a la alcaldesa como presunta cabecilla de la organización. (I)
Fuente: El Universo