El representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, hizo un llamado este martes a los países de la Asamblea General para que voten en contra de la propuesta presentada por Cuba contra el embargo estadounidense.
“No contribuyan al maltrato” del pueblo cubano por parte de su propio gobierno,
afirmó el diplomático durante la primera sesión del debate en Nueva York.
La intervención de Waltz se enmarca en una estrategia diplomática que Radio Martí, medio financiado por el gobierno estadounidense, documentó durante la jornada previa a la votación.
Horas antes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, había fijado la postura con un mensaje en sus redes sociales:
“El pueblo cubano es víctima de un sistema comunista fallido”.
La estadística que respalda la postura de Washington
Segura citó una cifra concreta para sustentar su posición: Estados Unidos envió más de USD 810 millones en bienes a Cuba durante 2025, a pesar del embargo vigente.
El funcionario recalcó que la legislación estadounidense “siempre ha permitido” la exportación de alimentos y medicamentos a la isla, según reportó Radio Martí.
Es importante destacar que el embargo estadounidense no es total: existen excepciones humanitarias y para el sector privado emergente, aunque se mantienen restricciones financieras y de crédito dirigidas a entidades vinculadas con el aparato militar, de inteligencia y las fuerzas represivas del régimen.
“Apoyen al pueblo cubano, no al régimen”,
concluyó Segura, en vísperas de la votación que Cuba promueve desde 1992.
Asistencia humanitaria después del huracán Melissa
Segura detalló además el destino de los fondos de emergencia tras el paso del huracán Melissa por la isla. La administración Trump canalizó USD 9 millones en ayuda directa a través de la Iglesia católica, y destina otros USD 100 millones mediante Catholic Relief Services y Samaritan’s Purse.
“Ayudamos directamente al pueblo cubano, sin subvencionar al régimen”,
afirmó el funcionario, según el registro de Radio Martí.
Parte de esos fondos ya llegaron a territorio cubano. La semana pasada, un cargamento con 700 kits de ayuda para familias vulnerables de Matanzas arribó al aeropuerto Juan Gualberto Gómez, en esa provincia del occidente de la isla.
Estos donativos forman parte de una partida de USD 60 millones que la Iglesia católica distribuye en Cuba, dentro del fondo humanitario de USD 100 millones que la administración Trump aprobó este año.
Ofensiva diplomática de octubre
El mensaje de Segura no fue un hecho aislado. El 21 de octubre, el subsecretario ya había advertido que votar a favor de la resolución cubana equivale a respaldar la trata de personas patrocinada por el Estado y la corrupción de la élite gobernante.
Dos días después, el 23 de octubre, insistió con otro mensaje: “Es momento de reformas, no de hablar más”. Señaló entonces que cientos de presos políticos permanecen detenidos en la isla.
Iniciado el debate en la ONU, Segura agregó que la administración Trump
“presionará para que se lleven a cabo auténticas reformas políticas y económicas”
en Cuba.
“Solo una reforma sustancial hará que Cuba sea un destino atractivo para la inversión, impulsará el crecimiento del sector privado y proporcionará a los cubanos libertad, dignidad y oportunidades”,
sostuvo el funcionario.
Washington sostiene que el embargo no es la causa de la crisis de la isla, sino el modelo político y económico del régimen.
El gobierno estadounidense argumenta que las sanciones apuntan a la élite gobernante y mantiene canales abiertos para alimentos, medicinas y ayuda humanitaria directa a las familias cubanas.
Votación de 2025: el menor respaldo a Cuba en tres décadas
La votación de este miércoles corresponde a la 34ª edición consecutiva de la resolución cubana, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
El año pasado, Cuba obtuvo 165 votos a favor, frente a los 187 que había conseguido en 2024. Fue el resultado más desfavorable para La Habana en más de tres décadas, en parte atribuido a la presión diplomática de la administración Trump.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Washington ejerce “presiones extremas e inéditas” sobre varios Estados miembros para cambiar sus votos. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 22 de octubre que algunos países “podrían cambiar su voto por miedo”.
El debate de este año se da además en medio de un bloqueo energético que Washington impuso desde enero, con el que cortó las importaciones de combustible a la isla y agravó los apagones prolongados y la falta de agua potable en Cuba.
Dos interpretaciones de la crisis cubana
La Habana atribuye su profunda crisis —con apagones que superan las 20 horas diarias, escasez de combustible y alimentos, e inflación galopante— al embargo estadounidense. El gobierno cubano calcula en USD 8.056 millones el impacto económico de las sanciones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra que considera récord.
Opositores, analistas y organizaciones independientes señalan otros factores: la planificación centralizada, la priorización del turismo sobre el sistema eléctrico, la falta de reformas y la dependencia histórica de aliados que redujeron de forma drástica sus suministros a la isla.
La Habana ha rechazado durante años las condiciones que establece la ley Helms-Burton, que codifica el embargo, para su eventual levantamiento. Entre ellas figuran la celebración de elecciones libres y la liberación de los presos políticos detenidos en el país.
Fuente: Infobae