Organismos de la sociedad civil y sectores opositores de Nicaragua presentaron sus quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegurando que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un control severo sobre la libertad religiosa, aunque permite ciertos eventos públicos para dar una imagen de tolerancia hacia la Iglesia católica, según lo reportó la agencia EFE este lunes.
La audiencia tuvo lugar en Panamá durante el 197.º periodo de sesiones de la CIDH. En ella intervinieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y sacerdotes que se encuentran en el exilio.
Las acusaciones ubicaron las trabas a la práctica religiosa dentro de un contexto de concentración absoluta del poder, persecución contra adversarios reales o supuestos y reducción del espacio cívico. El gobierno nicaragüense no envió representantes a la audiencia.
Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de CEJIL, detalló que las restricciones incluyen ataques a templos, confiscación de bienes eclesiásticos, eliminación de beneficios tributarios y la cancelación o negación de la personería jurídica a diversas organizaciones religiosas.
La represión también alcanza a los líderes espirituales, con detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, afirmó Acuña. Agregó que las autoridades han prohibido a las familias dar sepultura a personas fallecidas mientras estaban bajo custodia del Estado.
Eventos religiosos autorizados bajo reglas impredecibles
El hecho de que se autoricen algunos actos de culto no significa que exista libertad religiosa, según Acuña, debido a que el régimen alterna entre vetos y permisos sin criterios claros.
“Hay una cierta imprevisibilidad de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y justamente el régimen juega con esa imprevisibilidad para generar miedo en la población”,
declaró a EFE.
Rafael Aragón, sacerdote dominico de origen español y nacionalizado nicaragüense en 1990, reside exiliado en Costa Rica desde 2023. Ante la CIDH advirtió que la aprobación de algunas procesiones busca normalizar ante el exterior la situación de las comunidades religiosas.
El religioso indicó que esa aparente apertura pretende
“proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa y de conciencia en respuesta a las presiones internacionales”,
aunque calificó la medida como “una fachada noticiosa para el consumo de la opinión internacional”.
Aragón señaló que la presencia de policías y paramilitares en las celebraciones limita el acercamiento de los fieles a las imágenes veneradas, modifica los recorridos tradicionales e impone horarios restringidos.
“El objetivo de este control es promover una cultura popular secularizada y apartada de la Iglesia católica y de su liderazgo histórico”,
enfatizó.
Denuncias de destierro y persecución contra líderes religiosos
El exiliado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que la represión en el país es “brutal, sistemática y atenta contra todos los derechos”.
Carrión sostuvo que ningún sector queda a salvo de esa situación y mencionó el destierro de sacerdotes y pastores evangélicos.
“Eso no había pasado en la historia de Nicaragua”,
aseveró.
Cabe resaltar que durante este mes varias parroquias de Nicaragua volvieron a realizar procesiones en las calles después de años de prohibiciones y limitaciones, aunque sacerdotes y opositores insisten en que las actividades religiosas siguen sometidas al control de la Policía Nacional y de estructuras afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fuente: Infobae