Autoridades ponen la lupa sobre las cláusulas de exclusividad en el sector de bebidas en Ecuador

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) emitió un exhorto formal dirigido a los sectores de producción, importación, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el país con el objetivo de que revisen de manera exhaustiva sus prácticas comerciales para evitar incurrir en posibles conductas anticompetitivas.

De acuerdo con el organismo de control, la recomendación busca prevenir la adopción de acuerdos o estrategias contractuales que puedan obstaculizar la entrada o el crecimiento de nuevos competidores en dichos mercados. La medida abarca la revisión de cláusulas de exclusividad, acuerdos de no competencia, esquemas de descuentos, incentivos de fidelidad, metas de compra, pagos por espacios de exhibición y acuerdos de patrocinio.

La entidad fiscalizadora enfatizó además que se deben evaluar las condiciones impuestas sobre el uso de refrigeradores, dispensadores y espacios de exhibición en los puntos de venta, así como los suministros condicionados a la adquisición de otros productos o equipos. Al respecto, la institución recordó que los operadores económicos que posean una posición de poder de mercado deben abstenerse de implementar comportamientos que bloqueen el acceso de otros proveedores a clientes y canales de comercialización.

Dentro del pronunciamiento, la autoridad de competencia hizo un llamado especial a evitar el abuso de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse ciertos proveedores, distribuidores o comercializadores que no dispongan de alternativas equivalentes para ejercer su actividad. La institución precisó que se configura una explotación abusiva cuando se solicitan prestaciones adicionales no pactadas o se recurre a la amenaza de ruptura de la relación comercial para obtener ventajas indebidas.

La Superintendencia aclaró que este llamado posee un carácter estrictamente preventivo y responde al compromiso institucional de velar por el marco legal vigente, promoviendo la libertad de elección de proveedores y canales de venta, al tiempo que instó a los actores del sector a canalizar las denuncias sobre posibles irregularidades a través de sus oficinas a escala nacional y sus vías de contacto institucionales. (I)

Fuente: El universo

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