La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido un informe durante su 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, en el que señala severas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y al periodismo en Cuba. El documento describe una serie de medidas que, según la entidad, afectan directamente a periodistas independientes, creadores de contenido y activistas en la isla.
El reporte de la SIP sostiene que se ha incrementado el uso de mecanismos policiales y judiciales contra aquellas personas que informan, documentan o difunden contenidos sobre la realidad cubana. La organización menciona detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales como herramientas recurrentes. De acuerdo con el informe difundido por EFE, las limitaciones abarcan ámbitos legales, administrativos y tecnológicos, incluyendo prohibiciones de salida del país, dificultades para acceder a papel y problemas de conexión a internet.
El caso de mayor gravedad: Henry Constantín
La SIP consideró que el caso más crítico es el del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Constantín permanece en prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, ubicada en la provincia de Camagüey. Las autoridades le imputan el delito de desobediencia por haber llegado a una citación después de que los agentes de la Seguridad del Estado se hubieran retirado, según detalla el informe.
El documento también se refiere a Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto digital independiente El4tico (conocido como El Cuartico). Ambos continúan en prisión bajo cargos de incitación al desorden público, vinculados a videos de análisis y sátira política. La SIP sitúa estos casos en un contexto de criminalización de espacios de opinión en las redes sociales.
Además, el informe menciona a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas. También incorpora el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien no es periodista y cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.
Anna Bensi y su madre: sancionadas por grabar un video
El documento incluye a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron sancionadas el 1 de octubre con dos años de libertad limitada. La causa se relaciona con la grabación y difusión de un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación. Según el informe, la acusación fue por actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad de otra persona y sus datos.
La SIP destacó que figuras como la desobediencia, los desórdenes públicos y los actos contra la intimidad aparecen en varios de los procesos examinados. Además, señaló que las citaciones verbales suelen anteceder a detenciones y causas penales, y que algunas detenciones breves derivan posteriormente en prisión.
El decreto 160 y las trabas legales para medios independientes
La SIP cuestionó el decreto 160, que, según el informe, impide que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas.
La norma mantiene bajo control estatal actividades como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas tareas editoriales e informativas. El documento señala que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico, mientras el Estado conserva el control de los principales medios de comunicación y el monopolio de las telecomunicaciones.
La organización también mencionó las prohibiciones de salida del país para periodistas clasificados como “regulados”, condición que constituye un mecanismo adicional de presión y control. EFE informó que el reporte recoge obstáculos para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, incluyendo la dificultad para conseguir papel. Asimismo, se alude a cortes de internet y conexiones de baja calidad.
Finalmente, la SIP denunció demoras en la resolución de recursos de hábeas corpus, dificultades para modificar medidas cautelares y falta de acceso a expedientes. El informe incluye la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones entre los impedimentos procesales señalados. Cabe recordar que la entidad tiene sede en Miami, fue fundada en 1943 y reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental, centrando su labor en la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión.
Fuente: Infobae