El activista político Juan Esteban Guarderas informó que sigue recibiendo denuncias sobre supuestos cobros de “vacunas” a funcionarios del Municipio de Quito, destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde Pabel Muñoz.
“De manera diaria estoy recibiendo nuevos testimonios de personas que quieren contar su situación y explicar cómo funcionaba este sistema no solo en la Empresa de Pasajeros, sino ya en otras dependencias”, dijo el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a EL UNIVERSO.
Guarderas presentó la denuncia contra Muñoz en la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 19 de octubre, por el presunto delito de concusión. Este 24 de octubre, el denunciante anticipó, además, que extenderá la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta infracción electoral.
Sin embargo, el activista puntualizó que acudirá a la justicia electoral cuando haya recopilado todas las pruebas necesarias. Además, indicó que el colectivo Vértice también prevé ir a la Contraloría General del Estado para que ejecute acciones en torno al caso denominado VaQnas.
“Sería muy loco a la hora de presentar la demanda en el Tribunal Contencioso si es que sigo teniendo más y más pruebas. Entonces, mire, a priori sí podría ser esta semana pero, si yo sigo recabando mejores y más pruebas, puede ser que se demore un poco más”, precisó.
Tras presentar su denuncia en Fiscalía, Guarderas informó que entre los elementos que forman parte de la investigación están videos de presuntos pagos, conversaciones que evidenciarían la supuesta obligatoriedad de las contribuciones bajo amenaza de perder el empleo y cobros extraordinarios, como rifas o bingos, que habrían sido impuestas a los funcionarios.
El denunciante también aseguró que disponen de audios e información bancaria y nombres de personas que presuntamente habrían participado en el esquema. “Sabemos quiénes han pedido dinero, quiénes han sido los recaudadores y cuáles eran los fines del dinero”, sostuvo el activista.
El exconsejero hizo un cálculo sobre la posible dimensión económica de los cobros. Según indicó, en el Municipio de Quito habría unos 7.000 funcionarios de libre remoción y, bajo un escenario hipotético en el que 1.000 de ellos hubieran entregado $ 80 mensuales, la recaudación alcanzaría los $ 80.000 al mes.
Con ese supuesto, dijo, “el monto ascendería a $ 960.000 al año, una cifra cercana al millón de dólares”. (I)
fuente el universo