Con 81 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó incluir en el debate legislativo un proceso de fiscalización sobre los presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito, que, según las denuncias, habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde Pabel Muñoz.
La propuesta fue presentada por el asambleísta Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), durante la sesión n.º 133 del Legislativo. La moción recibió 81 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
Mientras se analizaba la inclusión del tema en el orden del día, los integrantes de la bancada Revolución Ciudadana (RC) no estuvieron presentes en el Pleno y mantenían una reunión en la sede de su movimiento político, actualmente suspendido.
La iniciativa plantea solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo para que investigue las circunstancias laborales en las que presuntamente se habrían producido estos cobros. El objetivo es recabar, analizar y contrastar la información y la documentación que genere esa cartera de Estado sobre los supuestos aportes económicos exigidos a servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.
Denuncia penal contra Pabel Muñoz
El pasado 19 de octubre, el activista político Juan Esteban Guarderas presentó una denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por el presunto delito de concusión, en el contexto de las acusaciones sobre supuestos cobros de ‘vacunas’ a funcionarios municipales.
Según el denunciante y su abogado, existirían testimonios, conversaciones de chat y grabaciones que apuntarían a que el dinero presuntamente recaudado habría sido destinado a financiar la campaña de reelección del alcalde. Estas acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
Castillo plantea investigar los presuntos ‘diezmos’
Durante su intervención en el Pleno, Castillo cuestionó la gestión municipal y mencionó varios problemas relacionados con el transporte público, el Metro de Quito, las bicicletas, la compra de hornado de chancho y la situación de los funcionarios municipales. También aludió a las denuncias sobre los presuntos cobros irregulares.
“Una de las cosas que más hemos tenido que vivir con la Revolución Ciudadana son los problemas en las ciudades, y particularmente en la ciudad de Quito, y ahora hemos llegado al tema de los diezmos”, manifestó el legislador.
Castillo aclaró que su propuesta no contempla convocar al alcalde, al Concejo Metropolitano ni a otros funcionarios municipales. Argumentó que, ante los posibles cuestionamientos sobre las competencias de la Asamblea Nacional para fiscalizar a las autoridades locales, considera pertinente canalizar la investigación a través de las instituciones correspondientes.
Por ello, planteó que la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea gestione un pedido formal al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría General del Estado, para que, dentro de sus atribuciones y en defensa de los derechos laborales, investiguen las denuncias.
“Si es que en efecto hubo los diezmos y si efectivamente se los cobró, y si quienes están denunciando formaron parte del Municipio, eso permitirá levantar un informe claro sobre la situación de los trabajadores del Municipio de Quito”, sostuvo Castillo.
Debate quedó suspendido
Aunque la Asamblea aprobó incluir el tema en el debate, la discusión de la propuesta de resolución quedó pendiente. El primer vicepresidente del Legislativo, Esteban Torres, quien presidió la sesión n.º 133, suspendió la jornada plenaria al mediodía del jueves 22 de octubre, sin que se anunciara una fecha para su reinstalación.
Por tanto, la resolución todavía deberá ser debatida por el Pleno. La eventual intervención de las entidades de control dependerá de las decisiones que adopte la Asamblea y de las actuaciones que correspondan a cada institución en el marco de sus competencias.