La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este 15 de octubre que, el 10 de junio de 2026, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente 13,725 en contra de El Salvador. El caso involucra ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y la ausencia de investigación de crímenes perpetrados contra la familia de Mario Antonio Turcios Flores durante el conflicto armado interno.
La CIDH solicitó al tribunal internacional reparaciones económicas y medidas de satisfacción para las víctimas, así como atención física y mental para Turcios Flores y su núcleo familiar. Además, pidió que se continúen las investigaciones penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
También demandó que la Ley de Amnistía General, o cualquier disposición similar, no obstaculice la investigación de estos hechos ni de otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Entre las garantías de no repetición, propuso programas permanentes de formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento técnico del Poder Judicial.
La desaparición de Santos Armando Turcios Flores
La petición original fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 y abarca hechos ocurridos desde 1980. Ese año, Santos Armando Turcios Flores, de 17 años, fue agredido y detenido por soldados de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, quienes lo trasladaron a instalaciones militares.
Su madre acudió a buscarlo, pero no recibió información sobre su paradero. Días después, el cuerpo del adolescente fue hallado con graves signos de tortura. Los familiares no pudieron recuperarlo por temor a represalias; al regresar al día siguiente, el cadáver había desaparecido y su paradero sigue siendo desconocido.
La CIDH determinó que la privación de libertad y la falta de información sobre Santos Armando constituyen una desaparición forzada. El organismo también concluyó que el joven fue sometido a tortura y que el Estado incumplió su obligación de protección especial de la niñez.
La masacre que borró el caserío Barrios del mapa
Dos años después, efectivos del Batallón de Infantería “Atlacatl” realizaron un operativo en el caserío Barrios. Durante la incursión, torturaron y ejecutaron a residentes, entre ellos Virgilio Flores y los niños Oscar Umaña y Edgar Antonio Turcios Benítez, de seis y nueve años.
Mario Antonio Turcios Flores sobrevivió porque se escondió entre los árboles. Tras el operativo, 49 víctimas fueron enterradas en fosas, de las cuales 26 eran menores de edad.
La destrucción de viviendas y medios de subsistencia forzó el desplazamiento de los sobrevivientes y derivó en la desaparición del caserío. La Comisión estableció que el uso de la fuerza fue ilegítimo, arbitrario e intencional, y que las víctimas padecieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El saqueo y la destrucción de las viviendas constituyeron, según el organismo, una injerencia arbitraria y abusiva en la vida privada de las familias. La denuncia presentada en 2002 ante la Oficina de Tutela Legal, junto con las exhumaciones, quedó paralizada durante más de 10 años por la Ley de Amnistía General.
En 2004, Turcios Flores sufrió intimidaciones y amenazas por su condición de testigo. Presentó un recurso de hábeas corpus al considerar que existían restricciones a su libertad. La Policía Nacional Civil negó que hubiera persecución y la Cámara de lo Penal sobreseyó el proceso al concluir que no había una limitación real.
La CIDH señaló que El Salvador incumplió su obligación de investigar los hechos de oficio, con diligencia y dentro de un plazo razonable. Para la Comisión, esa falta de actuación mantuvo el caso en la impunidad.
El organismo también concluyó que las amenazas y el acoso contra las personas sobrevivientes provocaron desplazamiento interno y exilio, con consecuencias sobre la integridad psíquica y moral de sus familiares. La guerra civil del país perduró entre 1980 y 1992.
Fuente: Infobae