La Secretaría General de Integridad Pública presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto esquema de corrupción vinculado al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, según explicó su titular, Doménica Bajaña, y el Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, en un video difundido este miércoles 14 de octubre.
Neira señaló que la entidad recibió una alerta ciudadana en abril de 2026 y, a partir de esa información, inició una investigación con el apoyo del Ministerio de Educación. Según la información reportada, una persona investigada habría recibido pagos de entre $ 1.000 y $ 10.000 de varios ciudadanos a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios.
“Desde la Secretaría General de Integridad Pública presentamos una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se desarrollen las diligencias y se determinen, de ser el caso, las responsabilidades previstas en el COIP”, manifestó el funcionario.
De acuerdo con su explicación, la Secretaría también coordinó acciones con la Unidad de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública de la Policía Nacional. Las diligencias habrían permitido contrastar información, reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a personas presuntamente relacionadas con el caso.
Los funcionarios describieron que uno de los mecanismos que se investiga: un ciudadano habría acordado un pago con el principal investigado para obtener un título académico. Después de que se realizaba la transferencia, el dinero era retirado y entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.
Los hechos se investigan bajo la hipótesis de un presunto delito de cohecho. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona tanto a los servidores públicos que reciben o aceptan beneficios indebidos como a quienes los ofrecen, entregan o prometen.
“La Secretaría General de Integridad Pública con continuará articulando acciones para que las alertas sobre posibles actos de corrupción sean analizadas y canalizadas conforme al marco institucional. Por eso, un cargo público no se compra, un título académico no se negocia. La función pública no está en venta. No ofrezcas, no pagues y no aceptes dinero indebido”, indicó Bajaña.
El antecedente: tres aprehendidos en el operativo
La explicación de Neira se conoce después de los allanamientos realizados el martes 13 de octubre en las oficinas del Ministerio de Educación y en domicilios relacionados con la investigación.
Durante ese operativo, liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, fueron aprehendidas tres personas que trabajan en esa cartera de Estado: un funcionario del área de mantenimiento, otro de servicios generales y un conductor.
Reimberg indicó que la presunta estructura habría operado durante varios años y cobraba entre $ 1.500 y $ 5.000 por puestos en colegios e instituciones educativas. También señaló que un funcionario del área de mantenimiento registraba movimientos financieros injustificados superiores al millón de dólares.
Según la información difundida sobre el operativo, el funcionario de mantenimiento fue detenido bajo sospecha de concusión, mientras que los otros dos aprehendidos debían rendir versión. Las investigaciones buscan establecer la posible participación de otras personas.
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, afirmó que las irregularidades podrían involucrar a más funcionarios y tener alcance en distintas provincias, por lo que las investigaciones internas continuarían.
La información difundida por Neira se centra en la denuncia presentada por la Secretaría de Integridad Pública y en la hipótesis de cohecho relacionada con pagos por cargos y títulos. Por su parte, las aprehensiones reportadas el martes se vincularon con sospechas de concusión por la aparente venta de puestos. La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades individuales.
(I) Fuente: El Universo