Una vez se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Blindado, proceso penal en el que se investiga el delito de lavado de activos y el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, es una de las 15 personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) acusadas, el coprocesado juez de Sucumbíos Jorge Bolívar Pinos entrega su testimonio anticipado en la causa.
La audiencia para escuchar de forma reservada el testimonio de Pinos, quien también fue magistrado en la jurisdicción de Esmeraldas, se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pasadas las 08:30 de este miércoles, 14 de octubre. La convocatoria la hizo la jueza nacional Daniella Camacho ante el pedido del fiscal general encargado Carlos Alarcón.
El testimonio anticipado del juez que es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía se integrará al expediente de la causa penal que investiga a una estructura criminal A inicios de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas Villacís y Pinos, al considerarlos autores directos del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Vicko Villacís es visto como uno de los actores centrales en el esquema de corrupción analizado. Para la Fiscalía, Villacís como alcalde del cantón Esmeraldas elegido para el periodo 2023-2027 tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
La causa inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional y para la vinculación de inicios de septiembre, que incluyó a jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, el procesamiento pasó a la jueza de la CNJ Camacho.
El 1 de septiembre pasado se vinculó al caso Blindado a los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre; a Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural a Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas a Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
Debido a estas vinculaciones, la etapa de instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días, es decir, el próximo 1 de octubre cerró esta fase de obtención de pruebas de cargo y de descargo. De lo que se conoce, aún existen diligencias ordenadas dentro del tiempo de instrucción fiscal que están por ingresar al expediente, lo que significa que una vez se las tenga, la Fiscalía declarará cerrada la etapa y deberá solicitar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva.
El 24 de septiembre pasado, la jueza Daniella Camacho rechazó los pedidos hechos por Vicko Villacís, Bolívar Pinos y otros cinco procesados dentro del caso Blindado que solicitaron se revise la medida cautelar de prisión preventiva que tenían vigente. Con la decisión quedó en firme la medida que hace que estos sospechosos estén ingresados en cárceles de las provincias de Guayas y Cotopaxi. (I)
Fuente: El Universo