La empresa CVS Pharmacy Inc. llegó a un acuerdo por USD 315 millones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar las acusaciones de que suministró opioides y otros medicamentos controlados basados en recetas ilegales y posteriormente reclamó reembolsos a programas federales de salud.
El pacto cubre conductas que habrían ocurrido entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de diciembre de 2025. Sin embargo, la cadena farmacéutica rechazó las imputaciones y sostuvo que el convenio no supone admisión de responsabilidad.
“Nuestros más de 27.000 farmacéuticos de CVS hacen su parte para ayudar a mantener a Estados Unidos sano y están altamente capacitados en el uso seguro y apropiado de todos los medicamentos”, señaló la compañía en un comunicado.
Por su parte, el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. calificó el acuerdo como “un hito importante en los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir la epidemia de opioides mediante la represión de las farmacias que dispensan ilegalmente recetas de sustancias controladas”.
La demanda acusó a CVS de dispensar opioides sin finalidad médica legítima
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 13 de diciembre de 2024 ante un tribunal federal del Distrito de Rhode Island. La acción se originó en una denuncia de Hillary Estright, una exempleada de la empresa, amparada por la figura legal que permite a particulares demandar en nombre del Gobierno y recibir una parte de una indemnización.
De acuerdo con la acusación, CVS dispensó recetas de sustancias controladas que carecían de una finalidad médica legítima, no eran válidas o no se emitieron en el curso habitual de la práctica profesional. Entre ellos habías recetas por cantidades peligrosas o excesivas de opioides, surtidas antes de tiempo, y combinaciones de un opioide, benzodiacepina y relajante muscular, conocidas como “trinidad”.
El Gobierno también sostuvo que las farmacias atendieron prescripciones de proveedores identificados como “pill mills”, término para consulteros que emiten numerosos tratamientos sin justificación médica. Los farmacéuticos habrían actuado pese a señales de alerta que apuntaban a que esas recetas podían ser ilegítimas.
La demanda señaló que CVS estuvo entre los mayores dispensadores de opioides del país y que vendió más de 12.000 millones de dosis entre 2015 y 2020. Una parte de las recetas cuestionadas fue facturada y reembolsada por Medicare y otros programas federales, lo que derivó en violaciones a la Ley de Reclamaciones Falsas.
Las supuestas infracciones se vinculaban con indicadores de desempeño, compensaciones por incentivos y políticas de dotación de personal que, según el Gobierno, priorizaban los beneficios corporativos sobre la seguridad de los pacientes.
A su vez, la denuncia argumentó que la empresa no contó con suficientes farmacéuticos y que sus reglas obstaculizaron los avisos internos sobre ciertos médicos con problemas de prescripción.
El acuerdo obliga a reforzar los controles sobre recetas de sustancias controladas
Además del pago, CVS firmó un memorando de entendimiento con la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El texto exige una línea de denuncias para empleados y ciudadanos, la supervisión proactiva de los patrones de dispensación y un mecanismo para evaluar a médicos bajo sospecha de prescribir ilegal.
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate afirmó que CVS deberá adoptar salvaguardas adicionales para que esos medicamentos se entreguen solo cuando sean medicamente apropiados. “Las medidas correctivas incluidas en este acuerdo, como el monitoreo proactivo de los patrones de prescripción de opioides, brindarán una protección fundamental a los pacientes y a los programas federales de atención médica”, destacó el funcionario.
La resolución se suma a otros acuerdos por la crisis de opioides en Estados Unidos
La resolución llega tras una serie de litigios contra fabricantes, distribuidores y farmacias por su papel en la crisis de adicción y sobredosis.
Las empresas del sector han acordado pagos por más de USD 50.000 millones con distintos gobiernos de Estados Unidos durante la última década, en su mayoría con estados y autoridades locales.
En 2022, CVS ya había pactado un pago cercano a USD 5.000 millones para cerrar miles de reclamos de gobiernos estatales, locales y tribales.
En agosto de este año, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo similar con Walmart, que aceptó pagar USD 50 millones para resolver una demanda iniciada en 2020 por supuesta dispensación irregular de recetas de opioides.
Fuente: Infobae