Legisladores de Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay suscribieron una declaración conjunta contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
Según informó el Ejecutivo, la iniciativa fue impulsada por la asambleísta ecuatoriana Valentina Centeno y busca fortalecer la cooperación regional, promover el intercambio de información y combatir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
El documento se firmó en el marco de la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se desarrolló del 5 al 9 de octubre de 2026 en Tanzania.
La declaración plantea que el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo ya no son solo un problema de seguridad interna de algunos países, sino un desafío a la gobernabilidad democrática.
Cifras del impacto del crimen en la región
Para sustentar su postura, en un documento se citan cifras sobre la región. Señala que en 2025 se registraron más de 108.000 homicidios y más de 1,5 millones de desplazamientos internos por conflicto y violencia en América.
Añade que América Latina y el Caribe concentran casi un tercio de los homicidios del mundo con apenas el 8 % de la población mundial y que en 2024 hubo una producción récord de cocaína de 4.100 toneladas, más de cuatro veces la de 2014.
También indica que el crimen y la violencia cuestan a la región el 3,4 % de su PIB, mientras que el lavado de activos se estima entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial.
El texto lo firman nueve parlamentarios. Por Ecuador lo hizo la asambleísta Valentina Centeno.
Los demás firmantes son Sergio Bastián Giesse Rougcher (Bolivia), Claudio Cajado Sampaio (Brasil), Sofía González Cortés y Jorge Brito Hasbún (Chile), María Rocío Abed de Zacarías (Paraguay), Karla Schaefer Cuculiza (Perú), Julio Beltré Méndez (República Dominicana) y Olga Zulimar Ferreira Rodríguez (Uruguay).
Propuestas estratégicas contra el narcoterrorismo
Los firmantes sostienen que “el crimen organizado es, ante todo, una empresa económica” y que no basta con prevenir y sancionar, sino que hay que debilitar su poder, sus recursos y su dominio territorial.
En ese marco, los funcionarios plantean dos propuestas. La primera es fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos que alimentan a las organizaciones criminales y narcoterroristas y para intercambiar información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.
La segunda es que el combate al crimen organizado se incorpore como una prioridad de la iniciativa de reforma ONU80, en el ámbito de la prevención de conflictos.
Según el texto, las Naciones Unidas deben poder apoyar a los Estados que lo soliciten con asistencia técnica, fortalecimiento institucional y cooperación operativa, siempre con pleno respeto a su soberanía.
El documento también asigna un papel a los parlamentos: armonizar las legislaciones y aplicar plenamente la Convención de Palermo, contra la delincuencia organizada transnacional, y la Convención de Mérida, contra la corrupción.
Añade que la diplomacia parlamentaria puede construir los consensos políticos que los acuerdos entre Gobiernos necesitan para perdurar.
La declaración concluye con un llamado a los parlamentos de la región a respaldar las propuestas y a trabajar juntos para cortar las fuentes de financiamiento de las mafias.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Valentina Centeno destacó el acuerdo y reiteró que se necesitan este tipo de iniciativas para compartir información y cortar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
“Si el crimen no conoce de fronteras, nuestra cooperación tampoco”, expresó la funcionaria en su red social. (I)
Fuente: El universo