Las plataformas de transmisión por suscripción en México han multiplicado la producción de bioseries dramáticas creadas sin el consentimiento de los protagonistas. Esta estrategia comercial se ampara en investigaciones de hemeroteca y materiales de dominio público para eludir la contratación de licencias biográficas y derechos de imagen.
El caso más reciente involucra a la agrupación pop Timbiriche y la plataforma ViX. Seis de los miembros fundadores hicieron público un comunicado el 6 de octubre para desvincularse de la producción de 8 episodios programada para estrenarse el 9 de octubre.
Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza, Alix Bauer y Diego Schoening manifestaron que la serie no cuenta con su consentimiento. Ninguno autorizó el uso de su nombre, voz, historia o identidad en el proyecto audiovisual.
El grupo advirtió al público que la trama incluye situaciones ficticias que nunca sucedieron. Los intérpretes sostienen en su mensaje que existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir ficciones alrededor de personas vivas sin escucharlas ni involucrarlas.
El productor Pablo Cruz argumentó en conferencia de prensa desde Televisa San Ángel que la historia se construyó mediante investigación documental. Cruz confirmó que la trama tiene como eje central el caso judicial de abuso sexual entre Sasha Sokol y el exdirectivo Luis de Llano.
El modelo de ficción amparado en el dominio público genera litigios en la industria
La disputa con Timbiriche reproduce un patrón recurrente, similar al observado con la serie sobre el conductor Paco Stanley. La producción de Prime Video titulada ¿Quién lo mató? provocó el rechazo directo de los implicados en el asesinato de 1999.
Mario Bezares, Paola Durante y la familia de Paco Stanley emitieron pronunciamientos públicos en contra de la empresa transmisora. Los afectados denunciaron la distorsión de los hechos investigados por la fiscalía capitalina y el uso comercial no consentido de sus nombres dentro del drama televisivo.
La estrategia de basar guiones en investigaciones hemerográficas evita la compra de derechos exclusivos. Las compañías de entretenimiento reducen costos de producción al clasificar la serie como obra inspirada y no como una biografía autorizada por los protagonistas.
En 2022, la empresa TelevisaUnivision enfrentó un litigio con la familia del cantante Vicente Fernández por la emisión de El Último Rey. La viuda del intérprete, María del Refugio Abarca, inició acciones legales apoyada en el registro de marca e identidad ante el IMPI.
La defensa de la televisora recurrió a los derechos de la obra periodística escrita por Olga Wornat. La empresa sostuvo que la trayectoria del cantante pertenece al interés público, por lo que la producción televisiva quedaba protegida por el derecho a la libertad de expresión.
La Suprema Corte de Justicia limita el uso comercial de la imagen sin consentimiento
El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor en México prohíbe la reproducción comercial de la imagen de una persona sin su autorización explícita. La norma establece excepciones para fines informativos o de interés público, pero excluye la dramatización comercial lucrativa.
La Primera Sala de la SCJN estableció en jurisprudencia que la explotación económica de la imagen sin aval vulnera derechos fundamentales. El máximo tribunal determinó que el lucro comercial sin consentimiento prima sobre la libertad de expresión cuando existe una utilización mercantil directa.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada regula las afectaciones al honor. Las producciones audiovisuales que distorsionan vivencias reales incurren en posibles demandas por daño moral e invasión a la privacidad.
Las plataformas aprovechan lagunas en la regulación digital sobre contenidos a la carta. Las empresas operan bajo el argumento de que recrear eventos expuestos en medios de comunicación no constituye una apropiación directa de la identidad de los artistas.
La producción de bioseries no autorizadas incrementa debido al interés que generan los conflictos reales en los espectadores. Los proyectos dramáticos sobre crímenes, adicciones o controversias de celebridades registran niveles elevados de reproducción en servicios de transmisión por suscripción.
Las plataformas evitan negociar licencias biográficas para acelerar las producciones
Adquirir los derechos biográficos oficiales de una celebridad representa contratos de más de 500,000 dólares en el mercado internacional. Las plataformas acortan los plazos de desarrollo al omitir las negociaciones directas con los artistas o sus sucesores legales.
La bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños produce cuestionamientos similares entre los exintegrantes del programa El Chavo del 8.
Las discrepancias entre herederos y actores sobre el uso de la imagen colectiva congelaron acuerdos de licenciamiento durante varios años.
Los seis integrantes de Timbiriche señalaron en su pronunciamiento que no descartan contar su versión en el futuro. Los artistas aseguraron que realizarán su propio proyecto audiovisual cuando puedan garantizar el respeto a su historia y en su propia voz.
Las empresas de streaming continúan con el rodaje de series basadas en expedientes judiciales e historias de la farándula mexicana. Las demandas civiles y administrativas interpuestas por los famosos avanzan en los juzgados sin detener la transmisión de los episodios en catálogo.
Fuente: Infobae