La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 9 de octubre de 2026 el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país.
Luego de dos horas y media de la cita, la votación concluyó con siete votos a favor y tres negativos. No se registraron votos en blanco ni abstenciones.
La sesión se instaló a las 12:27, con la participación de los 10 asambleístas que integran la comisión.
Durante la sesión se dio de lectura de los antecedentes y conclusiones del informe del proceso de fiscalización. Este proceso, según se indicó, surgió de la necesidad de fortalecer la transparencia en la administración territorial y prevenir el uso irregular de recursos públicos en los gobiernos locales.
La investigación abarca a 245 autoridades seccionales de elección popular: 221 alcaldes y alcaldesas, y 24 prefectos y prefectas. Incluyendo reemplazos y subrogantes se extiende a 251 funcionarios públicos.
El trabajo incluye un examen contable y el contraste de la información patrimonial y financiera remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Como parte del proceso, la comisión habilitó una línea exclusiva para recibir denuncias ciudadanas acompañadas de pruebas. En la sesión se mencionó que en total la comisión recibió 137 denuncias, de las cuales 22 fueron verificadas documentalmente.
Para avanzar en el análisis, se creó un mecanismo de semáforo que permite identificar diferencias, inconsistencias y niveles de alerta en la información revisada.
La valoración técnica contempla tres niveles de alerta, además de la categoría sin alerta.
Esta última comprende a funcionarios de gobiernos autónomos descentralizados (GAD), tanto provinciales como municipales, que han cumplido con las exigencias de justificar sus incrementos patrimoniales.
La alerta verde, o nivel 1, implica un seguimiento preventivo de los ingresos en relación con el salario. La alerta naranja corresponde a una verificación intermedia relacionada con trámites o investigaciones previas en curso.
En tanto, la alerta roja supone una intervención prioritaria ante variaciones patrimoniales atípicas, indicios de responsabilidades penales o causas penales tributarias ya activadas.
En su informe, la Comisión concluyó que la revisión de los expedientes demostró la urgencia institucional urgencia institucional de auditar la evolución patrimonial de los servidores públicos de los GADS.
En cuanto a los resultados de la trazabilidad, se identificaron 41 expedientes en alerta roja, que representan el 16,36 % del total.
En alerta naranja se ubicaron 54 expedientes, equivalentes al 21,51 %, mientras que 90 expedientes, el 35,86 %, corresponden a la alerta verde. Por otra parte, 66 expedientes no registraron alertas, lo que representa el 26,29 % del total.
El informe recomendó un proceso de derivación de expedientes en alerta roja y naranja a los órganos competentes como Fiscalía, Controlaría y SRI y a la UAFE, para las respectivas revisiones de posibles cometimiento de delitos.
Sobre los expedientes en alerta verde, el informe concluyó que no será remitidos a Fiscalía y UAFE, solo limitando la actuación estatal a una orden de trabajo de planificación ordinaria ante la Contraloria y notificación directa a los propios servidores públicos para que ejerzan su derecho a la defensa y subsanen cualquier inconsistencia.
Durante la sesión se enfatizó que la clasificación en el semáforo no constituye un prejuzgamiento ni una determinación de responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Debate y observaciones de los asambleístas
Los asambleístas Samuel Celleri, del Partido Social Cristiano (PSC); Xavier Lasso, de la Revolución Ciudana (RC), y Pablo Jurado, de Construye, expresaron sus reparos y plantearon observaciones y sugerencias.
Lasso sostuvo que el documento implica un juzgamiento que podría afectar la honra de muchas personas. Por ello, en primera instancia manifestó su rechazo al informe y consideró que se debería buscar otra forma de abordar el proceso de fiscalización.
Jurado también expresó reparos y señaló la necesidad de que el informe defina con claridad el rol de la comisión en este proceso.
Por su parte, Celleri aclaró que no busca perjudicar a nadie y advirtió que la fiscalización parlamentaria no puede convertirse en un instrumento de persecución política.
Las intervenciones coincidieron en cuestionar el alcance del informe y plantear la necesidad de delimitar las competencias de la comisión.
Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana (RC), calificó el informe de “inconstitucional” y sostuvo que la comisión se estaría “arrogando funciones que no le corresponden”.
Sandra Figueroa, también de la RC, intervino de manera telemática y expresó sus reparos al informe.
Tras las exposiciones, los integrantes se tomaron unos minutos para deliberar. Luego retomaron la sesión y procedieron a la votación, en la que siete asambleístas se pronunciaron a favor y tres en contra.
A favor votaron el presidente de la comisión, Cristian Benavides, y los asambleístas Jennifer Guillén, Milton Aguas, Samuel Celleri, Manuel Choro, Pablo Jurado y Carlos Vargas. En contra se pronunciaron Sandra Figueroa, Xavier Lasso y Patricia Núñez, los tres de la Revolución Ciudadana (RC).
Con la aprobación, el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, que definirá si mantiene o no la reserva.
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, explicó que el informe se aprobó bajo reserva, debido a que las entidades de control advirtieron que la documentación entregada tiene carácter confidencial.
Por esta razón, algunas sesiones se desarrollaron de forma reservada y los integrantes firmaron un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información. (I)
Fuente: El Universo