Una experta de las Naciones Unidas ha lanzado una alerta sobre la creciente ofensiva contra los profesionales del derecho en Nicaragua, luego de que aproximadamente 2,000 abogados fueran eliminados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia sin notificación previa ni un proceso individual que les permitiera ejercer su defensa. Esta decisión les impide representar a sus clientes, presentar documentos judiciales y realizar gestiones notariales.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló este miércoles que estas exclusiones ponen en riesgo las garantías procesales de los ciudadanos y vulneran el derecho a contar con una defensa legal autónoma.
De acuerdo con la experta, los abogados fueron removidos del sistema profesional sin ser informados de la decisión y sin procesos disciplinarios o administrativos que detallaran los motivos de cada caso. Tampoco habrían tenido una oportunidad real para impugnar la medida ante una autoridad imparcial.
“Estas destituciones atentan contra el derecho fundamental a un juicio justo”, afirmó Satterthwaite. La relatora consideró que la situación exige una respuesta de la comunidad internacional ante las limitaciones que enfrentan los sectores independientes en el país.
La exclusión del registro limita la defensa de los ciudadanos
Estar fuera del registro judicial implica la imposibilidad de realizar funciones esenciales para la profesión. Los abogados afectados no pueden presentar documentos en procesos judiciales, representar a personas ante los tribunales ni efectuar actos notariales.
Esta medida podría tener un impacto más amplio que la situación laboral de los profesionales excluidos. Al restringir quiénes pueden actuar ante la justicia, también condiciona la capacidad de los ciudadanos para escoger a sus defensores o recibir asesoría legal.
Satterthwaite indicó que los abogados que asumieron la defensa de personas detenidas por motivos políticos, impulsaron causas de derechos humanos o denunciaron abusos del régimen enfrentaron obstáculos adicionales para trabajar. Entre ellos mencionó vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y cancelación de licencias profesionales.
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso particular en Nicaragua”, declaró la relatora. En su análisis, las decisiones contra los profesionales del derecho forman parte de un patrón de represalias hacia quienes cuestionan las acciones de las autoridades o defienden a sectores críticos del gobierno.
Una circular ordenó verificar la inscripción antes de prestar servicios
La experta también mostró preocupación por la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración Judicial y Carreras Profesionales. Esta norma exige a los jueces y a los órganos judiciales verificar, como requisito obligatorio, que los abogados estén registrados en el sistema antes de brindarles servicios.
En los casos en que un profesional no figure en el registro, la circular ordena remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.
Para la relatora, esta exigencia transmite un mensaje preocupante porque consolida las restricciones sobre profesionales que ya fueron apartados del sistema. La obligación de verificación puede afectar el funcionamiento diario de la defensa legal y limitar el acceso a trámites judiciales y notariales.
La denuncia se conoció en medio de los cambios normativos implementados en Nicaragua desde el año 2023. Satterthwaite recordó que ese año entraron en vigor reformas constitucionales relacionadas con la revocación de nacionalidad y con las facultades disciplinarias y regulatorias de la Corte Suprema de Justicia.
ONU recordó la inhabilitación de 26 abogados en 2023
Según la relatora, esas reformas abrieron la puerta a limitaciones arbitrarias sobre el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales, especialmente contra profesionales considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La experta recordó que 26 abogados fueron inhabilitados después de ser despojados de su nacionalidad. Este caso se sumó a las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el deterioro de las garantías judiciales y civiles en el país desde 2018.
“Nicaragua debe cesar de inmediato estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, exigió Satterthwaite. La relatora envió una comunicación para exponer sus preocupaciones sobre la exclusión de abogados y sus consecuencias.
Fuente: Infobae