Con voto unánime de sus integrantes, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la codificación de la Ley de Inquilinato, que regula los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios.
La mesa parlamentaria sesionó la tarde de este miércoles, 7 de octubre de 2026, para conocer las observaciones incorporadas, luego de que el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 1 de octubre, otorgó ocho días para presentar el texto final de este proyecto de reformas.
La propuesta busca regular las relaciones jurídicas derivadas de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento, así como los derechos y obligaciones de las partes, con el objetivo de asegurar el equilibrio de las relaciones de arrendamiento, prevenir prácticas abusivas. La iniciativa plantea reformas en cuanto a las sanciones al arrendador, las reparaciones y responsabilidades sobre el inmueble arrendado, y las garantías contractuales.
Las reformas se dividen en cuatro ejes: seguridad jurídica, que se refiere a los contratos de arrendamiento escritos, la regulación sobre el inventario y reglas claras sobre las garantías; protección al arrendatario, el derecho a tener una vivienda digna, devolución de garantías, estabilidad y protección frente a abusos; protección al arrendador, que tiene relación con las reglas claras para la restitución del bien inmueble; y modernización, que se refiere a la validez de contratos electrónicos, notificaciones electrónicas y simplificación de procesos.
En el texto final, la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Rosa Torres (ADN), hizo cambios en trece artículos e incorporó una segunda disposición general.
Los artículos que fueron subsanados tienen relación con las condiciones de los bienes inmuebles, las reparaciones a cargo del arrendador, el derecho del arrendatario a realizar reparaciones, sanciones al arrendador por incumplimiento de obligaciones, la responsabilidad del arrendatario por daños, la reducción del canon por deterioro del inmueble, subarrendamiento o cesión, la mediación en materia de inquilinato, entre otros aspectos.
En la sesión, la presidenta de la comisión destacó que este proyecto tiene como objetivo modernizar las reglas del arrendamiento en el Ecuador, garantizando un equilibrio justo entre los derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios.
“Es importante mencionar que hoy existen nuevas formas de contratación, herramientas electrónicas, nuevas dinámicas del mercado inmobiliario y problemas cotidianos relacionados con garantías, con cánones de arrendamiento, desahucios y terminaciones de las relaciones arrendaticias, que quieren y necesitan reglas claras para esta nueva figura contractual en materia de inquilinato”, dijo Torres.
Tras su aprobación, el nuevo informe para segundo debate pasará al pleno del Legislativo para su discusión y votación. Para aprobar el proyecto se requieren como mínimo 77 votos de los legisladores. (I)
Fuente: El universo