El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones el 29 de septiembre de 2026 contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Entre las compañías señaladas destacan varias controladas por el empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, que acumularon 42 contratos con gobiernos de Baja California.
Estas empresas vendieron equipo táctico, uniformes y tecnología a corporaciones policiacas entre 2021 y 2025. Según documentó el semanario Zeta, la OFAC sostiene que esos negocios funcionaron como un mecanismo de lavado de dinero para la estructura criminal.
Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y su red de empresas
Moreno Gómez Santelices nació el 9 de febrero de 1983 en Tijuana. Controla Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja y al menos otras seis sociedades, todas con la misma estructura jurídica y fundadas a partir de 2021, de acuerdo con el semanario Zeta. Solo dos de esas firmas —Inteliproof Efficient y Private Equity Baja— recibieron contratos de gobiernos de Baja California. Ambas comparten representantes legales, incluyendo a Silvia Beatriz Ocaña Palazuelos y, desde 2026, a Siria Solis Sánchez, exfuncionaria de la presidencia municipal de Mexicali.
La OFAC describió a esta red como “una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento” que blanqueaba dinero para el Cártel de Sinaloa, según consignó el semanario. Estados Unidos también vinculó a las compañías con Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, y con los hermanos Alfonso y René Arzate García, lugartenientes de la facción de Zambada Sicairos.
Medios locales informaron que el propio Mayito Flaco figura entre los sancionados y que la OFAC lo señala como responsable de dirigir actividades criminales del grupo, entre ellas narcotráfico y extorsión. Una de las empresas, Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría, operaba comercialmente como Promociones CHF de Baja California y obtuvo contratos de la Secretaría de Turismo estatal.
Una de las empresas sancionadas no pertenece al giro de seguridad. René Arzate García, identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, aparece ligado a Inteliproof Efficient, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) citada por MVS Noticias.
Inteliproof Efficient y el reconocimiento facial para la Fiscalía
Inteliproof Efficient concentró el grueso de los contratos públicos. La periodista Verónica Ayala, de MCCI, explicó a MVS Noticias que la empresa recibió contratos de la Fiscalía General del Estado entre 2022 y 2025, durante dos gestiones distintas.
Entre ellos destaca la compra de un software de reconocimiento facial para la Dirección de Técnicas de Investigación de la fiscalía estatal. La investigación de MCCI no estableció que la empresa haya utilizado ese sistema con fines delictivos ni que haya tenido acceso indebido a información de la institución, según precisó Ayala.
Según la investigación de MCCI, la empresa obtuvo más de 200 millones de pesos de la Fiscalía estatal entre 2022 y 2025, en contratos que abarcaron desde mantenimiento de inmuebles hasta equipo táctico y tecnología de investigación.
El semanario Zeta ofreció un desglose distinto: 40 contratos otorgados solo a Inteliproof y un acumulado de 139 millones 21 mil 187,95 pesos entre ambas firmas de Moreno Gómez Santelices, con la Fiscalía del Estado, el ayuntamiento de Tecate y las anteriores administraciones de Playas de Rosarito y Tijuana. La publicación El Imparcial, por su parte, calculó en 33 los contratos de la fiscalía con la empresa, por un monto de 73,2 millones de pesos, cifra atribuida a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los contratos documentados por el semanario incluyen compras recurrentes de insumos policiacos en periodos cortos. El 27 de julio de 2023 la fiscalía adquirió esposas por 204 mil 314 pesos y en los meses siguientes del mismo año compró uniformes y gorras con camisetas, de acuerdo con el reporte.
El ayuntamiento de Tijuana, durante la gestión de Montserrat Caballero Ramírez, contrató a Inteliproof para un servicio de semaforización por varios millones de pesos. La alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, le compró patrullas y uniformes en contratos superiores a dos millones de pesos cada uno durante 2024, mientras que el gobierno de Ismael Burgueño Ruiz arrendó cuatro patrullas a la empresa en diciembre de 2025 por 3 millones 542 mil 400 pesos.
La conexión con la Fiscalía y los exfamiliares de la gobernadora
El oficial mayor de la Fiscalía General del Estado, Ricardo Daniel Garduño Barrera, aparece como el funcionario responsable de la asignación de contratos a Inteliproof Efficient. Garduño Barrera ha ocupado ese cargo desde noviembre de 2019 pese a los cambios en la titularidad de la fiscalía, según Zeta.
El funcionario es socio de Juan Manuel Lameiro Camacho en un hotel de Playas de Tijuana. Lameiro Camacho, a su vez, es socio de Luis Torres Torres y de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la empresa Vida Orgánica Tijuana, también sancionada el 29 de septiembre por el Departamento del Tesoro.
Carlos Torres Torres reconoció en su momento la propiedad de ese negocio de alimentos saludables, que le dejaba un ingreso de 570 mil pesos mensuales. La gobernadora figuró como socia de esa empresa hasta 2023, año en que abandonó el proyecto luego de que su participación se hizo pública, de acuerdo con el reporte del semanario.
Otros señalados por la OFAC incluyen al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, a quien Estados Unidos atribuye presuntos vínculos con sobornos y protección a la organización criminal, según detalló El Universal. El propio hermano de Carlos Torres, Luis Alfonso Torres Torres, también quedó incluido en la lista.
Ante el escándalo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó el 1 de octubre a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas señaladas mantuvieron relación contractual con el gobierno. La funcionaria ordenó remitir los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, según el comunicado reproducido por Zeta.
“En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos”, sostuvo Ávila Olmeda en el comunicado.
La mandataria agregó que el resguardo de los sistemas y bases de datos institucionales permanece en manos del personal facultado de las corporaciones de seguridad del estado. El gobierno estatal también precisó que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional y presupuestal para sus procesos de compra. La dependencia defendió que actuará conforme a la ley si la revisión de los expedientes revela alguna irregularidad en los contratos otorgados a las empresas de Moreno Gómez Santelices.
Fuente: Infobae