En agosto de 2020, en medio del primer golpe de la pandemia, el Gobierno de Lenín Moreno tuvo que renegociar la deuda externa en bonos porque Ecuador no tenía capacidad para pagar los vencimientos y los intereses de esa deuda.
La comunidad internacional le dio cuatro años al país para recuperarse, sanear sus cuentas y comenzar a pagar la deuda reestructurada.
Sin embargo, Ecuador no hizo sus deberes, el déficit fiscal (más gastos que ingresos) sigue siendo alto, tiene una abultada cuenta de atrasos o impagos casa adentro, y su pequeño sector productivo formal sigue asumiendo “contribuciones por una sola vez” y más impuestos.
Desde que Ecuador es república, se ha incumplido el pago de la deuda externa en más de una docena de ocasiones y las finanzas públicas aparentemente se recuperan cuando los precios del petróleo son altos; pero luego la crisis explota en un sector público ineficiente.
Todo este panorama hace que el país, según la banca de inversión Moody’s, tengan una calificación crediticia de Caa3.
Esta calificación, en el contexto de acceso a crédito, representa un riesgo muy alto para los inversionistas.
Es decir, Ecuador es considerado como una economía con pobre calidad crediticia y que enfrenta altas probabilidades de impago.
El costo de no ser sujeto de crédito
Cuando una persona busca obtener un crédito, el banco evalúa no solo los ingresos de esa persona, sino también su historial de crédito y la probabilidad de que cumpla con las deudas si se le otorga un nuevo préstamo.
De la misma manera, cuando Ecuador busca endeudarse con inversores nacionales o extranjeros, su perfil crediticio se evalúa. La calificación Caa3 indica que las probabilidades de impago son muy altas y eso hace que sea demasiado caro emitir bonos de deuda externa en los mercados internacionales.
Países vecinos como Colombia y Perú, igual que otras economías en desarrollo sin los problemas de crédito de Ecuador, han podido emitir bonos a una baja tasa de interés (menos del 5%) a largo plazo y así refinanciar sus deudas sin problemas.
Según un reciente análisis del Banco Mundial (BMI), para economías como la ecuatoriana, que tiene el mismo nivel de riesgo crediticio de Pakistán y Etiopía, los costos de endeudamiento son 9 veces más elevados.
Así, por ejemplo, un país como Perú, donde a pesar de las crisis se respeta el manejo fiscal ordenado y se fomenta realmente la inversión privada, el costo total de pagar un crédito de $100 millones de dólares con una tasa de interés del 4% a 5 años sería aproximadamente $110,5 millones. Esto porque Perú tiene un riesgo crediticio bajo y un riesgo país de ????
En el caso del Ecuador, incluso con la caída del riesgo país a 1.489 puntos, ese mismo crédito le costaría más de $160 millones de dólares.
Paños fríos ante situaciones extremas
Ecuador promedia una reforma tributaria por año, donde solo se ponen paños fríos para salir del problema a corto plazo; pero sin soluciones de fondo.
En el caso del Gobierno de Daniel Noboa, en menos de 3 meses, se aprobaron tres leyes con cambios tributarios. La última incluyó la subida del IVA al 15% y algunos impuestos temporales.
El problema de fondo es que, por el otro lado, de acuerdo con Aníbal Vera, economista y exconsultor de organismos internacionales, se deja casi intocada la estructura de gasto público y no se emprenden reformas de fondo para impulsar la inversión y el empleo.
“Ecuador necesita una reforma tributaria realmente estructural, que elimine ineficiencias e impuestos que casi no generan recaudación, y que potencia a los otros impuestos junto con un impulso para la formalización. Esa reforma, a través del compromiso de sectores políticos, empresariales y sociales, debe durar al menos 10 años sin nuevos parches”, puntualizó.
Lo mismo, según Vera, debería hacerse para reestructurar el gasto público y establecer realmente prioridades. De lo contrario, solo se está pateando el problema para más tarde.
Lo peor es que, si no se arregla la crisis fiscal y ni se liberaliza y desregula la economía para que existan más empresas y más empleo, Ecuador seguirá marchando en el mismo terreno y teniendo que cada dos o tres años volver a recurrir a la desesperada al Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir financiamiento de emergencia. (JS)
Más pobres que antes de la pandemia
Philip Kenworthy, economista del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, ha dicho que, en medio de una situación mundial compleja con un aumento de las tasas de interés, “para finales de 2024, las personas en casi la mitad de las economías en desarrollo con calificaciones crediticias débiles serán en promedio más pobres que en 2019, en vísperas de la pandemia de COVID-19”.
Así, solucionar la crisis fiscal de manera estructural y sostenible, no con medidas temporales y sin tocar el gasto ineficiente, es vital para que un país como el Ecuador se vuelve un buen sujeto de crédito, a los inversionistas les resulte rentable venir al país y el escaso sector productivo formal no siga ahogado para pagar un Estado ineficiente.
En 2023, los pagos por intereses de la deuda pública aumentaron alrededor de $700 millones y se ubicaron en $3.190 millones. Para 2024, se prevé un incremento adicional de $439 millones para ubicarse en $3.629 millones.
El costo de la deuda pública, que es consecuencia de los altos déficits fiscales y de los bajos ingresos petroleros, se vuelve creciente y tendrá picos importantes en 2025 y 2026.
Según el último boletín de deuda pública, la deuda pública de todo el sector público ecuatoriano, tomando en cuentas todas las obligaciones y pasivos pendientes de pago, suma $79.432,01 millones. Esto representa el 65,68% del PIB.
Esto es el equivalente a que cada ecuatoriano, desde el momento de nacer, debe pagar $4.487,68 de la deuda pública ecuatoriana.
Fuente: Diario la Hora
