En el último estudio sobre el Índice de Corrupción, desarrollado por Transparencia Internacional, Ecuador cayó dos puestos en el índice de 36 puntos en 2022 a 34 puntos en 2023, es decir, es percibido por sus ciudadanos como un país con mayor corrupción en sus instituciones.
A lo largo de los últimos años, en el continente se vienen desarrollando políticas regionales para fortalecer el llamado Gobierno Abierto, instrumento que busca brindar mayor transparencia y la posibilidad de que la ciudadanía pueda revisar y conocer el accionar de sus funcionarios, a través de las herramientas digitales que nos brinda la tecnología.
El expresidente Guillermo Lasso, el mismo día de su posesión, el 24 de mayo de 2021, firmó un Decreto en el que estableció las “normas de comportamiento ético gubernamental”, en el que estableció restricciones y lineamientos sobre varios puntos, entre los que pueden destacarse el nepotismo, la recepción de regalos y el uso de los vehículos oficiales.
La promulgación de esta normativa formaba parte de los compromisos internacionales adquiridos por Ecuador para fortalecer la lucha contra la corrupción en el continente.
Ahora, el Gobierno de Daniel Noboa, a un mes de su posesión (19 de diciembre de 2023), modificó el Código de Ética generando críticas ante la posibilidad de diluir las responsabilidades al sintetizar el contenido del código anterior.
La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en una entrevista concedida a Ecuavisa, justificó la derogación de la norma al señalar que “es un absurdo que un ministro dé a conocer sus actividades, hasta por seguridad”.
La funcionaria agregó que la prohibición de que los familiares de un funcionario pueda ser contratista del Estado “tiene que revisarse y analizarse y ratificarse o no”, mientras adelantó que ya se trabajaba en un nuevo instrumento.
Este Diario solicitó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia la posibilidad de una entrevista con un vocero o con el secretario anticorrupción, José Julio Neira, para obtener una ampliación sobre los motivos de la derogación y los lineamientos del nuevo instrumento, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Compromiso incumplido
Al revisar las justificaciones del Gobierno a la derogación del Código de Ética, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, mostró su rechazo calificando la decisión presidencial como un paso atrás “gigante”.
“Es un retroceso gigante que el país; aunque sea por unos días, que el país no cuente con este Código de Ética y ahora estamos a merced de ver cuál será el resultado de un nuevo Código”, lamentó.
Alarcón recordó que el Código firmado por Lasso “no fue una acción de buena voluntad o un aporte del Gobierno, sino la forma de cumplir con un compromiso del país dentro de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”.
En este sentido, indicó que la derogatoria lleva al país al “incumplimiento de ese compromiso internacional asumido por el Estado ecuatoriano”.
A su juicio, en caso de una nueva versión del instrumento de regulación, no será “un mérito del Gobierno de Daniel Noboa, sino el cumplir con los compromisos que como país asumimos”.
Advirtió que el nuevo instrumento debe cumplir con los lineamientos internacionales, “cerrar agendas, no incluir declaraciones de intereses, no incluir un régimen de sanciones para los que incumplen, simplemente sería estar fuera de los estándares”.
Recalcó que “los funcionarios públicos, del Presidente para abajo, están obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía, eso incluye la revisión de sus agendas de trabajo, blindar esta información o negar el acceso a este tipo de información, es ahondar en la opacidad”.
Mala señal para la ciudadanía, según Cornejo
El dirigente de la Fundación Esquel, Boris Cornejo, indicó que la derogatoria del Código de Ética “no es entendible” y recordó que las acciones gubernamentales envían señales a la ciudadanía.
“Es una señal mala si no hay ninguna explicación, porque teóricamente los códigos de ética son protocolos que abren la puerta para una mayor transparencia, en relación al manejo de lo público”, puntualizó.
El especialista en temas de transparencia criticó la respuesta suministrada por la ministra de Gobierno para justificar la derogatoria de la norma. “Uno puede entender las razones, pero lo que no es entendible es que la realidad de estos temas no haya sido prevista cuando se hizo el decreto 86”.
Acotó que la expectativa de la ciudadanía es “ver cómo enmiendan el error y cómo es que efectivamente generan ese código de ética o los protocolos que aseguren el manejo transparente de lo público”.
Cornejo señaló que “como ciudadano espero tener en los próximos días esa nueva declaración del Gobierno que nos diga a los ecuatorianos, que estamos trabajando contra la corrupción, que queremos gobiernos abiertos, transparencia y que esa sea la conducta de los funcionarios”.
El Gobierno va a ‘contracorriente’
El exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, apuntó que en la construcción de los gobiernos abiertos y transparentes la temática de las agendas de los funcionarios públicos se maneja entre lo público y lo judicial, advirtiendo que el objetivo es evitar a los “cabilderos”.
“Dejar constancia de las agendas de las personas públicas, es justamente para evitar la presencia de cabilderos, hay países con legislación anti- cabildeo”, precisó Verdesoto.
El académico precisó que los códigos de ética deben contener los principios y las normas de conducta de los funcionarios.
Adelantó la idea de desarrollar un nuevo código de ética, “no inhibe que tengamos un código con normas precisas de conducta de los funcionarios públicos. Lo que sí me llama la atención, es que se haya derogado el código de ética vigente, cuando este fue reformado hace apenas unas semanas atrás”.
Para Verdesoto, las realidades que llevaron al Gobierno a la modificación del Código de Ética y ahora a su derogación, se mantienen en el país.
El exsecretario anticorrupción manifestó su preocupación “que el país quede sin otros elementos del Código de Ética que deberían estar vigentes”.
Verdesoto dejó claro que “el modelo a seguir es hacer explícito lo que está ocurriendo. Los gobiernos en América Latina han estado comprometiéndose a ser gobiernos mucho más abiertos y más transparentes. La derogatoria es una contratendencia”.
Fuente: Diario la Hora