El Pleno de la Asamblea Nacional encargó a la Comisión de Gobiernos Autónomos que inicie un proceso de fiscalización sobre denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos cobros duplicados, indebidos o injustificados a los usuarios del peaje Oswaldo Guayasamín, en Quito.
La moción la presentó el legislador Xavier Ordóñez (ADN) y obtuvo el respaldo de 83 asambleístas y 45 votaron en contra.
La Comisión deberá conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos denunciados, así como examinar las posibles afectaciones a los derechos e intereses de las personas usuarias. Para ello, podrá requerir información, documentación e informes técnicos, y disponer la comparecencia de autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y otras personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
La mesa legislativa deberá presentar un informe al Pleno de la Asamblea con las conclusiones, observaciones y recomendaciones que se deriven de la fiscalización. Aunque en el texto aprobado no establece el plazo en el que tendrá que presentar el informe.
El proponente de la resolución, Xavier Ordóñez, aseguró que existen denuncias de cobros múltiples y que requieren de una revisión institucional y transparente.
Indicó que por el cobro de peaje el Municipio del Distrito Metropolitano recauda $ 600.000 mensuales, es decir, $ 7′200.000 al año, cuyos recursos debería servir para mantenimiento de vías como la Ruta Viva y la Simón Bolívar.
Indicó que existirían usuarios que habrían registrado dos, tres, cuatro e incluso más cobros por un mismo concepto. En este contexto, consideró necesario determinar el número de casos, los montos involucrados y el destino de los recursos recaudados.
Asimismo, Ordóñez planteó la necesidad de examinar aspectos relacionados con el modelo de operación y contratación del sistema de recaudación del peaje, así como una controversia judicial vinculada con este proceso. Precisó que estos elementos deberán ser analizados sobre la base de documentación y evidencia verificable, sin prejuzgar responsabilidades.
La fiscalización, añadió, permitirá a la Asamblea Nacional ejercer sus atribuciones de fiscalización y contribuir al esclarecimiento de las denuncias ciudadanas, mediante un proceso sustentado en información verificable y con transparencia.
Antes de la votación la legisladora de la bancada Revolución Ciudadana Viviana Veloz (RC) señaló que la resolución planteada por el legislador Ordóñez constituye una cortina de humo y una persecución política a los adversarios a través de una fiscalización al alcalde de Quito, sobre quien la Asamblea no tiene competencia, afirmó.
Veloz indicó que la misma Constitución señala que la Asamblea Nacional no tiene competencia para fiscalizar a los alcaldes y prefectos. Señaló que el artículo 238 de la Constitución reconoce la autonomía política, financiera y administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo tanto, no existe atribución para fiscalizar una alcaldía, insistió.
La resolución aprobada con 84 votos, determina:
Primero.- Iniciar un proceso de fiscalización por parte de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, con el objeto de conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con las denuncias ciudadanas sobre presuntos cobros duplicados, indebidos o injustificados efectuados a usuarios del peaje Oswaldo Guayasamín, así como las posibles afectaciones a los derechos e intereses de las personas usuarias.
Segundo.- En el marco del proceso de fiscalización, la Comisión podrá requerir información, documentación, informes técnicos y disponer la comparecencia de autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y demás personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente resolución.
Tercero.- Disponer que la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio presente al Pleno de la Asamblea Nacional un informe que contenga las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización dispuesto en este instrumento.
(I) Fuente: El Universo