En un caso que sacude a la industria de franquicias de comida rápida, dos hermanos fueron formalmente acusados en Florida de participar en una presunta red de sobornos y lavado de dinero que habría causado pérdidas superiores a USD 80 millones a propietarios de locales de una conocida cadena de sándwiches. La acusación federal, desclasificada el 1 de octubre, señala que el origen de estas maniobras se encuentra en contratos de suministro negociados por una cooperativa de compras vinculada a los restaurantes. El caso se tramita bajo el expediente 26-cr-20405 en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Janet Risi Field, de 66 años y residente en Pinecrest, junto con su hermano Steven Louis Risi, de 70 años y vecino de Coral Gables, enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y por realizar transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Además, Field fue acusada de delitos de fraude electrónico y fraude electrónico de servicios honestos. Según la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, las autoridades sostienen que el supuesto plan se extendió durante décadas e involucró a proveedores que buscaban contratos comerciales.
El comunicado oficial de la fiscalía identifica a la empresa afectada como “Restaurant Chain-1” y evita mencionar su nombre directamente. Sin embargo, las características coinciden plenamente con la red de Subway, ya que la acusación se refiere a una cadena estadounidense de comida rápida con más de 20.000 locales en América del Norte y a la labor de la Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC). Documentos corporativos de Subway indican que las cooperativas de compras independientes negocian suministros para los franquiciados, y que este modelo comenzó en América del Norte en 1996, según una declaración de la propia empresa.
¿Quiénes son los acusados y qué papel jugaban?
La acusación sostiene que Janet Risi Field ayudó a fundar la Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC) en 1996 y se desempeñó como su directora ejecutiva hasta diciembre de 2021. IPC era una organización sin fines de lucro ubicada en el condado de Miami-Dade, cuya misión era negociar los precios que pagaban los franquiciados por alimentos, productos, equipos, suministros y servicios. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, esa posición le otorgaba a Field autoridad para celebrar contratos con vendedores que abastecían a miles de restaurantes.
Steven Louis Risi, hermano de Field, aparece en la acusación como una de las personas que habría participado en el manejo de los fondos obtenidos de forma ilícita. La fiscalía afirma que ambos utilizaron cuentas bancarias y sociedades comerciales para recibir, mover y ocultar recursos provenientes de comisiones y pagos de proveedores. Según la FDIC-OIG, una cuenta controlada por los dos acusados recibió cerca de USD 1 millón, mientras que otros USD 3,4 millones habrían servido para cubrir gastos con tarjetas de crédito de Field.
El expediente no establece que todos los familiares mencionados en el relato oficial hayan sido acusados en esta etapa. La acusación se concentra en Field y Risi, aunque describe pagos que habrían beneficiado a otros miembros de la familia. La fiscalía deberá probar esas alegaciones ante un tribunal federal, mientras que los acusados conservan la presunción de inocencia. El FBI y la FDIC-OIG investigan el caso, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
El mecanismo del presunto esquema de sobornos
Los fiscales alegan que Field habría aprovechado su posición como directora ejecutiva de IPC para establecer acuerdos secretos con intermediarios vinculados a proveedores de la cooperativa. Esos intermediarios recibían comisiones por contratos de venta de productos y servicios a la red de franquicias. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, parte de esos ingresos habría sido transferida luego a Field y a integrantes de su familia sin que el directorio de IPC ni los franquiciados conocieran esos pagos.
Los contratos bajo investigación incluían productos de consumo habitual en los restaurantes, como carnes frías, quesos y galletas, además de otros bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los locales. La fiscalía sostiene que los acuerdos de IPC incidían de manera directa en los precios que pagaban miles de propietarios de franquicias. Según la FDIC-OIG, la supuesta trama habría defraudado a propietarios de restaurantes en todo el país por una suma superior a USD 80 millones.
La relación entre IPC y Subway aparece en fuentes corporativas, aunque el comunicado judicial evita nombrar a la compañía. Subway indica que sus cooperativas independientes de compras, conocidas como IPC, trabajan junto con sus oficinas regionales para seleccionar proveedores, verificar estándares y negociar condiciones contractuales. Según la empresa, esas organizaciones pertenecen a franquiciados y gestionan la adquisición de alimentos, equipos y otros insumos destinados a los restaurantes de la cadena.
El destino del dinero: joyas, inmuebles y gastos personales
La fiscalía afirma que Field, Risi y otros miembros de la familia habrían usado empresas pantalla para disimular más de USD 60 millones en sobornos y comisiones ilegales. El uso de estas sociedades habría permitido que los pagos llegaran a cuentas bajo control de los involucrados sin una vinculación visible con los proveedores contratados por IPC. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, esa estructura financiera operó durante años y formó parte central de la maniobra investigada.
El dinero presuntamente se destinó a remodelaciones y mobiliario de viviendas en Florida y Carolina del Norte, inversiones privadas, gastos personales, membresías en clubes y joyas. La acusación calcula que las compras de joyas superaron los USD 400.000. Según la FDIC-OIG, esos gastos figuran como parte del destino de fondos que los investigadores atribuyen a pagos ocultos realizados por intermediarios y proveedores de la cooperativa.
El expediente también menciona un fondo paralelo que, según los fiscales, comenzó a operar a principios de los años 2000. Field habría provocado que un co-conspirador lo financiara con varios millones de dólares para su propio beneficio y el de otros integrantes de su entorno. La fiscalía indica que el fondo pagó más de USD 420.000 a una asistente personal de la familia Risi y más de USD 150.000 a una empleada doméstica y a un trabajador de mantenimiento de Field. El monto atribuido a esos pagos asciende a unos USD 25 millones, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
El acuerdo de USD 8 millones y la indemnización de IPC
La acusación detalla que, alrededor de 2011, Field habría hecho que un co-conspirador pagara aproximadamente USD 8 millones para resolver una demanda presentada por una excontratista de IPC. La excontratista había denunciado una relación financiera inapropiada entre Field y proveedores de la cooperativa. Según la FDIC-OIG, Field habría ocultado tanto esas acusaciones como las condiciones del acuerdo al directorio de IPC.
Cuando la cooperativa terminó la relación laboral con Field en 2021, el directorio supuestamente todavía desconocía los pagos investigados. La fiscalía asegura que IPC pagó entonces más de USD 6 millones a Field en concepto de indemnización. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, esa circunstancia integra la hipótesis de que los responsables de supervisar la organización no fueron informados sobre las operaciones bajo investigación.
El caso no incluye, por ahora, un pronunciamiento público de IPC ni de Subway sobre la acusación contra los hermanos. Tampoco se difundieron detalles sobre medidas internas posteriores a la salida de Field ni sobre contratos específicos que podrían haber sido revisados. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, el proceso judicial y los documentos que se presenten en el expediente 26-cr-20405 podrán aportar más datos sobre el alcance de las operaciones cuestionadas.
Cargos y posibles penas
Field y Risi enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos por efectuar transacciones con bienes derivados de actividad ilícita. La exdirectora ejecutiva de IPC también enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico de servicios honestos, dos cargos de fraude electrónico de servicios honestos y tres cargos de fraude electrónico. La acusación fue presentada ante un gran jurado federal, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Las penas máximas previstas son severas: por el cargo de conspiración para lavar dinero, hasta 20 años de prisión. Cada uno de los cargos por transacciones con fondos de origen ilícito puede implicar hasta 10 años de cárcel. Field podría recibir hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos adicionales relacionados con fraude, de acuerdo con la FDIC-OIG.
Es importante señalar que estas penas máximas no anticipan una eventual condena ni una sentencia definitiva. El caso deberá pasar por las etapas habituales del proceso penal federal, y las autoridades tendrán que demostrar los cargos ante el tribunal. Para los franquiciados y proveedores relacionados con la red, la causa puede definir si existieron pagos ocultos que alteraron los costos de compra negociados por IPC. Los fiscales Eli S. Rubin y Roger Cruz están a cargo de la acusación, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Fuente: Infobae