Ajustes a la Ley Cero Impunidad, la nueva apuesta contra el crimen organizado

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el pasado lunes 28 de septiembre, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la propuesta denominada Ley Cero Impunidad, recibió los aportes de expertos en derecho penal y relaciones internacionales, con el propósito de contar con elementos de juicio para la elaboración del informe previo al segundo debate.

En este contexto, Christian Masapanta, coordinador de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, destacó los avances de la propuesta, especialmente en lo relacionado con la justicia restaurativa, en contraposición con la visión punitiva y retributiva del sistema penal, que pone énfasis en la aplicación de una sanción proporcional al delito, sin considerar otros elementos.

Subrayó que la justicia restaurativa, en cambio, se centra en los derechos de las víctimas y de los procesados, tomando como referencia el daño producido. Añadió que este enfoque permite restablecer o reconstruir las relaciones en la sociedad, con lo cual se supera el esquema basado únicamente en el castigo.

Asimismo, consideró positivo que la reforma incluya tres instituciones: la conciliación, en el caso de delitos culposos; la suspensión condicional del procedimiento; y el procedimiento especial abreviado, con lo cual se adaptaría la normativa al sistema garantista previsto en la Constitución.

Por su parte, Michelle Maffei, máster en Relaciones Internacionales, se refirió a la lucha contra el patrimonio ilícito como una herramienta para la desarticulación del crimen organizado, mediante mecanismos como la extinción de dominio. Propuso que, en materia de reducción de la pena a cambio del resarcimiento al Estado, antes de la imposición de la pena, se excluya de la normativa lo relacionado con hidrocarburos, por tratarse de un sector estratégico.

Asimismo, respecto de la figura de lavado de activos, señaló que las medidas cautelares patrimoniales no deberían recaer únicamente sobre la persona vinculada con este delito, sino también considerar a su núcleo familiar cercano, debido a que esta actividad puede involucrar a varias personas, algunas de ellas pertenecientes a una misma familia.

Finalmente, la especialista recordó que este delito generalmente utiliza empresas fantasmas y personas naturales que actúan como fachada para realizar múltiples actividades ilegales.

Fuente: AN

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