La Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas, dentro del caso Apagón, relacionado con la contratación de la empresa Progen para la generación eléctrica de emergencia.
La decisión fue adoptada este 28 de septiembre por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Según el dictamen, los elementos recopilados durante la investigación no permiten establecer que Gonçalves haya abusado de su cargo, dispuesto de recursos públicos de manera arbitraria u omitido sus obligaciones para precautelar los fondos del Estado.
Con esta decisión, Gonçalves queda fuera del proceso por el presunto delito de peculado. La causa continuará contra los otros 30 procesados, para quienes la Fiscalía solicitó que se convoque a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
La salida del exministro también modifica la competencia del proceso. Gonçalves era la única autoridad procesada que tenía fuero de Corte Nacional de Justicia. Al quedar fuera de la causa, el expediente dejará de estar bajo conocimiento de la Corte Nacional y del fiscal general encargado y deberá ser remitido a un juez de instancia inferior.
La posición de Fiscalía
En el dictamen, Alarcón señala que, a partir de los elementos recabados, no existen circunstancias que permitan presumir que Gonçalves haya abusado de sus funciones, dispuesto arbitrariamente de fondos estatales u omitido el deber legal de precautelar los recursos públicos.
La Fiscalía tampoco estableció, según la decisión, que como consecuencia de la actuación del exministro se hubiera ocasionado un perjuicio al Estado.
Gonçalves fue vinculado al caso en mayo de 2026. Su periodo como ministro de Energía se extendió entre julio y octubre de 2024.
Su abogado, Leonardo Stagg, sostuvo que su defendido no tenía competencia ni responsabilidad directa sobre los procesos de contratación de Progen en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). Según la defensa, Gonçalves no contrató, administró los contratos, ejecutó sus obligaciones ni autorizó pagos relacionados con esos procesos.
Caso Progen
La investigación fiscal se centra en los contratos suscritos con Progen Industries LLC para la adquisición de generadores destinados a las centrales eléctricas de Salitral, en Guayas, y Quevedo, en Los Ríos, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de generación eléctrica.
Los contratos sumaron $149,1 millones y contemplaron el pago de anticipos que, según la investigación, superaron los $104 millones.
La Fiscalía sostiene que los equipos entregados no habrían cumplido con las condiciones técnicas establecidas y que los procesados habrían intervenido, desde sus respectivas funciones, en acciones que permitieron avanzar con los desembolsos de recursos públicos.
Entre los elementos investigados constan presuntas irregularidades en informes técnicos, la concesión de prórrogas, omisiones en procesos de fiscalización y otras intervenciones relacionadas con la ejecución de los contratos. (I)